La madre y el infante fueron hallados sin vida dentro de su vivienda incendiada en Culiacán, México. El presunto agresor fue detenido y permanece en prisión preventiva vinculado a proceso por feminicidio e infanticidio.

En la madrugada las autoridades localizaron sin vida a Bárbara Astrid Yáñez Uriarte, de 26 años, y a su hijo Dante Hernández Valenzuela, de 6 años, al interior de su vivienda en Culiacán, Sinaloa, México. Los dictámenes periciales preliminares establecieron que ambos presentaban lesiones provocadas con arma blanca y que el inmueble fue incendiado de manera intintencional.

Por estos hechos, Jesús Fernando, expareja de la víctima, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso, quedando en prisión preventiva.

Lo ocurrido no fue un hecho aislado ni impulsivo. Con ese ataque, el hombre culminaba meses de amenazas contra su expareja y cerraba años de haber evadido su responsabilidad como padre.

Astrid lo había demandado formalmente por deudor alimentario y, además, había presionado para que no le fuera otorgado un cargo público en Culiacán, Sinaloa, al que aspiraba. El brutal crimen, según las investigaciones y el contexto del caso, fue la respuesta a esa presión y a la denuncia.

Días antes del asesinato, Astrid había acudido a las instancias correspondientes para denunciar a su expareja por el incumplimiento de la pensión alimentaria de su hijo. No se trataba de un conflicto reciente: existía un historial de tensiones, hostigamientos y evasión de responsabilidades económicas. Aun así, ella decidió activar la vía legal, confiando en que el Estado le brindaría protección. Esa decisión, lejos de garantizar su seguridad, antecedió una tragedia irreversible.

Tras interponer la denuncia, Astrid y Dante dejaron de responder llamadas y mensajes, un silencio que encendió las alarmas entre sus familiares.

Cuando las autoridades ingresaron al domicilio, encontraron un escenario devastador: una vivienda consumida por el fuego y dos vidas arrebatadas con extrema violencia. La comunidad quedó conmocionada, no solo por la brutalidad del hecho, sino porque ocurrió después de que la víctima había buscado respaldo institucional.

De acuerdo con las investigaciones, después de atacar a madre e hijo con un arma blanca, Jesús Fernando, incendió deliberadamente la vivienda con el propósito de “confundir” los hechos y hacerlos pasar como parte de los distintos episodios de violencia vinculados a disputas del crimen organizado que han sacudido a Culiacán en los últimos meses. Este intento de desviar la atención de las autoridades fue clave dentro de la reconstrucción de los hechos.

Asesinato disfrazado

Horas después del ataque, el señalado acudió a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alegando haber sido víctima de una agresión. Sin embargo, el personal médico lo identificó y dio aviso a las autoridades, lo que permitió su captura.

Durante el proceso judicial, su defensa intentó argumentar que padecía esquizofrenia, pero organizaciones como el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios y Ley Sabina rechazaron este alegato y lo calificaron como un intento de evadir la responsabilidad penal.

El caso de Astrid y Dante cuestionan la efectividad de los mecanismos de protección para mujeres que denuncian violencia económica y familiar. Aunque ella siguió los procedimientos legales, no contó con medidas de seguridad suficientes para prevenir el desenlace fatal. Su historia se ha convertido en un símbolo doloroso de las deficiencias en el sistema y en un llamado urgente a fortalecer la protección a víctimas en riesgo.

Lea aquí: La Guajira suma dos muertos más: gatillero mató a comerciante y domiciliario frente a reconocido hotel de Uribia

Desde su detención en enero de 2025, Jesús Fernando, permanece en prisión preventiva, vinculado a proceso por los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado en razón de parentesco.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una sentencia definitiva en su contra.