Aunque los combates entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y el Ejército Gaitanista de Colombia cesaron, la crisis humanitaria apenas comienza. Campesinos siguen confinados, escuelas cerradas y cuerpos en descomposición aumentan el miedo en varias veredas rurales del Magdalena.

Los disparos dejaron de escucharse en la zona rural de Aracataca, pero la guerra sigue instalada. Más de 55 familias fueron expulsadas de sus casas, una mujer embarazada perdió a su hijo sin atención médica y varios cadáveres permanecen abandonados en el monte, sin levantamiento oficial, mientras el miedo y la incertidumbre dominan las veredas de la Sierra Nevada.

Una guerra que no terminó

La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada denunció una grave crisis humanitaria en las veredas Fuente Alta, Fuente Baja, Cerro Azul, Las Margaritas y Chimborazo, donde los recientes enfrentamientos entre las ACSN y el EGC dejaron a la población civil atrapada en medio del conflicto.

Según la organización, alrededor de 275 personas —unas 55 familias— fueron desplazadas, mientras otras continúan confinadas sin garantías para salir ni acceso a atención médica. Entre ellas permanece una mujer que perdió a su bebé durante la emergencia y que aún no ha recibido asistencia sanitaria.

Aunque los combates cesaron, la amenaza permanece intacta. Ambos grupos armados siguen en el territorio, reforzando posiciones y generando un ambiente de tensión que hace temer nuevos enfrentamientos.

Cadáveres abandonados y riesgo sanitario

Uno de los puntos más críticos denunciados es la presencia de cuerpos sin levantar en zonas rurales.

Informaciones recopiladas por la plataforma indican que entre ocho y diez combatientes habrían muerto, aunque no existe una cifra oficial. Los cadáveres, sin intervención de autoridades judiciales, permanecen en estado de descomposición.

La situación no solo profundiza el miedo entre los habitantes, sino que empieza a convertirse en un problema de salud pública para las comunidades cercanas.

Por ello, organizaciones de derechos humanos solicitaron la creación urgente de una ruta humanitaria que permita el ingreso del CTI de la Fiscalía o de la Policía para realizar los levantamientos técnicos y evaluar el estado físico y mental de las familias afectadas.

Escuelas cerradas y comunidades atrapadas

El conflicto también paralizó la vida cotidiana. Varias instituciones educativas permanecen cerradas, entre ellas: Gunmaku (institución indígena), La Esperanza, Cerro Azul y Las Margaritas.

A pesar de que en la zona hacen presencia unidades militares como el BITER No. 2 y el BAMAS 6, las comunidades denuncian que no existen corredores seguros que permitan la salida de las familias confinadas.

Las casas campesinas y los colegios, advierten las organizaciones, han sido usados en medio de la confrontación, algo que viola principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.

Desplazados sin respuesta suficiente

La situación de quienes lograron huir tampoco es alentadora. Los albergues y ayudas humanitarias resultan insuficientes, lo que —según la denuncia— evidencia falta de planificación institucional frente a un riesgo que era previsible.

Las familias desplazadas temen además regresar sin garantías, recordando casos anteriores en los que comunidades retornaron sin acompañamiento estatal ni condiciones de seguridad.

A esto se suman denuncias de saqueos en viviendas abandonadas, donde desconocidos habrían ingresado llevándose alimentos y pertenencias básicas de los campesinos.

Líderes amenazados y elecciones en riesgo

La Plataforma también alertó sobre amenazas contra líderes sociales y comunitarios, quienes —afirman— enfrentan presiones constantes de los dos actores armados.

Ante este panorama, solicitaron:

Evaluación urgente de esquemas de protección por parte de la UNP.

Verificación electoral por la MOE ante los comicios del 8 de marzo.

Intervención de la ONU y la MAPP-OEA para exigir respeto a los derechos humanos.

Explorar un cese bilateral al fuego dentro de los procesos de diálogo con los grupos armados.

“El respeto por las víctimas no puede convertirse en un debate político”, señala el pronunciamiento, que califica la situación como una emergencia humanitaria sin espacio para ambigüedades.

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El silencio después de los fusiles

Hoy, en estas veredas de la Sierra Nevada, el combate terminó, pero la guerra sigue marcando la rutina: familias dispersas, niños sin clases, líderes amenazados y cuerpos aún sin sepultura.