
Golpe policial en la Zona Bananera: en menos de 24 horas recuperan $87 millones en aparatos tecnológicos robados a un colegio
Un operativo relámpago liderado por las autoridades permitió ubicar 21 computadores y tres tabletas valorados en 87 millones de pesos dentro de un predio usado para esconder mercancía ilícita.
En un operativo de reacción inmediata que tomó menos de 24 horas, la Policía del Magdalena y el Gaula Militar lograron la recuperación total de 24 equipos tecnológicos que habían sido sustraídos de la Institución Educativa Departamental Thelma Rosa Arévalo, ubicada en el corregimiento de Varela, jurisdicción del municipio de Zona Bananera.
El resultado de las autoridades se produjo tras una labor de búsqueda que comenzó tan pronto se conoció el reporte del delito.
Durante la madrugada del miércoles 2 de septiembre, personas no identificadas ingresaron sin autorización a las instalaciones del plantel educativo para apoderarse de los instrumentos digitales que se utilizan de forma cotidiana en la formación y desarrollo de las clases de los estudiantes.
Tras la denuncia, unidades de investigación criminal e inteligencia militar iniciaron las pesquisas de campo correspondientes.
El rastreo de información permitió ubicar los aparatos al interior de una vivienda que, de acuerdo con los datos recopilados por los investigadores, funcionaba presuntamente como un centro de acopio para almacenar elementos de procedencia ilícita.
Durante el procedimiento de registro e inspección a la propiedad, los uniformados hallaron la totalidad de la dotación hurtada: 21 computadores y tres tabletas, cuyo valor comercial conjunto asciende a los 87 millones de pesos aproximados.
Con el material recuperado, la Policía y el Ejército trasladaron los 24 dispositivos y los dejaron formalmente a disposición de la Fiscalía Primera Local de Actos Urgentes de Ciénaga, entidad encargada de adelantar los trámites legales y las actuaciones judiciales del caso.
Por su parte, los organismos de seguridad mantienen abiertas las indagaciones para identificar, ubicar y capturar a las personas que participaron directamente en el ingreso al colegio, así como para determinar la responsabilidad legal de los implicados en la administración del inmueble donde se ocultaba el botín.
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