La medida busca frenar la llegada de empresas mineras tras un fallo judicial que dejó en el aire la protección de los sitios sagrados en casi un millón de hectáreas del Caribe.

El Ministerio de Ambiente por orden del presidente Gustavo Petro ha puesto un «freno de mano» a la minería en la Sierra Nevada de Santa Marta.

A través de la resolución 280 del 27 de marzo de 2026, el Gobierno declaró que más de 942 mil hectáreas de esta montaña serán una reserva natural protegida durante los próximos dos años.

El objetivo principal es asegurar el agua que baja de los picos y llega a miles de familias en la región Caribe, además de dar tranquilidad a las comunidades indígenas que consideran esta tierra como el «corazón del mundo«.

La ministra encargada, Irene Vélez Torres, explicó que esta medida busca cuidar las fuentes de agua que abastecen a gran parte del Caribe y garantizar que se respete la «Línea Negra«, que es el territorio sagrado donde viven y cuidan la naturaleza las comunidades indígenas.

“Reconocemos su significado vital para las comunidades que lo habitan y lo cuidan, avanzando en garantías de gobernabilidad ambiental para la integridad de la Línea Negra”, indicó la ministra Irene Vélez.

Esta decisión del Gobierno funciona como un escudo urgente. Hace poco, el Consejo de Estado anuló una norma que protegía los lugares sagrados de los pueblos Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa, lo que dejó el territorio expuesto a que grandes empresas llegaran a pedir permisos para explotar la tierra. Para evitar este riesgo, la ministra encargada, Irene Vélez Torres, explicó que ahora ninguna autoridad podrá entregar nuevos contratos ni permisos para buscar o sacar minerales en esta zona.

Es una medida de precaución para que el daño ambiental no sea irreversible. Sin embargo, la resolución tiene reglas claras sobre lo que pasará con quienes ya están allí. Las empresas que ya tienen su contrato firmado y sus permisos ambientales al día podrán seguir trabajando hasta que terminen, pero no podrán pedir más tiempo ni ampliar sus proyectos. También se permitirán pequeñas excepciones, como sacar arena o piedras para obras públicas o la pequeña minería artesanal que ya está en proceso de legalizarse.

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El presidente Gustavo Petro defendió la medida en sus redes sociales, asegurando que esta es una de las protecciones ambientales más grandes en la historia del país para cuidar la vida y las raíces de los pueblos indígenas.