El ministro de Defensa asegura que la toma del Parque Tayrona estaría respaldada por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, mientras comunidades indígenas y campesinas administran actualmente el ingreso de turistas sin reportes de alteraciones de orden público.

Mientras el Gobierno Nacional habla de una toma impulsada por estructuras armadas ilegales, dentro del Parque Nacional Natural Tayrona la escena es otra: turistas entrando con normalidad, taquillas abiertas y comunidades indígenas kogui junto a líderes campesinos administrando el acceso a la reserva.

Dos versiones chocan en el mismo territorio.

Y en medio de ellas, el parque más emblemático del Caribe colombiano permanece cerrado oficialmente, pero funcionando en la práctica bajo un nuevo control.

La acusación del Gobierno: una toma con respaldo armado

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lanzó una afirmación que elevó la crisis a un nivel de seguridad nacional. Según el funcionario, detrás de la ocupación adelantada por los llamados hermanos mayores existiría el respaldo de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, también conocidas como “Los Pachenca”.

De acuerdo con información de inteligencia citada por el ministro, “este grupo armado estaría aprovechando el caos para obtener beneficios económicos y consolidar control territorial dentro del parque”.

La hipótesis oficial sostiene que quienes generan ingresos en el Tayrona deben realizar aportes obligatorios al grupo ilegal, un esquema que —según el Gobierno— ya opera en otras zonas de Santa Marta, donde a cambio ofrecen acompañamiento y seguridad.

Para Sánchez, la presión ejercida habría provocado la salida de la institucionalidad: guardaparques obligados a entregar uniformes, restricciones de ingreso al personal y amenazas difundidas mediante videos intimidantes dirigidos a funcionarios y directivos del parque.

El resultado fue el cierre indefinido decretado por Parques Nacionales ante la falta de garantías de seguridad.

“Están generando, de acuerdo con la información que tenemos, extorsión y presionando a ciertas comunidades para que actúen en contra de las acciones legales”, señaló el ministro.

Un parque cerrado en el papel, abierto en la realidad

Pero dentro del Tayrona la historia se cuenta diferente.

Por ahora, los indígenas kogui mantienen el control de las taquillas en compañía de comunidades campesinas. Allí cobran el ingreso a los visitantes, no como una tarifa oficial, sino como lo que llaman una “colaboración para las comunidades ancestrales”.

Lejos de escenas de violencia, turistas que ingresan diariamente aseguran que todo transcurre con tranquilidad.

No hay disturbios. No hay enfrentamientos. No hay restricciones visibles para quienes llegan a disfrutar del parque.

Decenas de visitantes continúan recorriendo senderos y playas bajo una administración comunitaria improvisada que, hasta ahora, opera sin reportes de situaciones irregulares.

El contraste es evidente: mientras el Estado denuncia una toma ilegal, el flujo turístico no se detiene.

La exigencia indígena: no se irán

Los líderes kogui han sido claros: no abandonarán el territorio.

Afirman que permanecerán en el parque hasta que el Gobierno garantice beneficios reales para las comunidades ancestrales o establezca un modelo de coadministración del Tayrona, una exigencia histórica que volvió a estallar tras recientes desalojos y decisiones administrativas que consideran excluyentes.

Para ellos, la presencia en las taquillas no es una ocupación ilegal, sino una recuperación simbólica de un territorio que consideran sagrado.

El conflicto, entonces, no solo es territorial. También es político, económico y espiritual.

Quince días para resolver una crisis compleja

El ministro de Defensa aseguró que el Gobierno estudia medidas para recuperar el control administrativo y resolver la crisis en un plazo aproximado de quince días.

“La institucionalidad no permitirá que los violentos continúen en este propósito”, afirmó.

Sin embargo, no hubo pronunciamiento sobre un eventual diálogo con las comunidades indígenas, pues desde la visión oficial la situación ya está marcada por la presunta intervención de un grupo armado ilegal.

El Tayrona, atrapado entre dos realidades

Hoy el parque vive una paradoja. Para el Gobierno, es un territorio bajo presión armada. Para quienes están dentro, es un espacio administrado temporalmente por comunidades que reclaman participación.

Mientras tanto, Santa Marta observa cómo su principal motor turístico queda suspendido entre acusaciones de inteligencia, reclamos ancestrales y una economía que no puede detenerse.

El Tayrona sigue abierto al mar, pero cerrado al consenso.

Lea aquí: El Tayrona cambió de manos: indígenas Kogui asumen el control total del parque y desafían al Estado

Y en sus senderos, donde antes solo se escuchaba el viento y los animales entre la selva, quienes la caminan se hacen una pregunta incómoda para el país:

¿Es una toma armada… o una rebelión por el derecho a decidir sobre el territorio?