Luego de que Rosita Jiménez asegurara que tuvo que huir por falta de garantías tras un ataque a bala, el Gobierno del Magdalena respondió y afirmó que sí activó la ruta de protección y que la diputada falta a la verdad.

Rosita Jiménez dijo que le tocó irse de la ciudad porque nadie le garantizó su seguridad después de un atentado a bala.

La diputada aseguró públicamente que, tras el ataque, no recibió el acompañamiento necesario por parte de las autoridades departamentales. El miedo la obligó a salir y mantenerse en un lugar que no revela, porque considera que su vida sigue en riesgo.

Esa afirmación provocó reacción inmediata.

La Gobernación sale a desmentirla

Posteriormente a la denuncia, la Gobernación del Magdalena respondió.

A través del Alto Consejero para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos, Luis Terán Puello, la administración departamental negó haber sido indiferente y aseguró que sí actuó frente al caso.

La posición oficial es que la diputada está faltando a la verdad.

La versión del gobierno

Según el comunicado, desde el momento en que se conoció el atentado hubo contacto directo con Jiménez y se activaron los mecanismos de protección.

La Gobernación sostiene que se inició la ruta de atención, que se dejaron constancias formales de cada gestión y que la diputada recibió esos soportes. Además, aseguran que se solicitó a la Fiscalía abrir la investigación, se pidió a la Unidad Nacional de Protección evaluar el riesgo y se requirió a la Policía avanzar en las acciones correspondientes.

Para el gobierno departamental, hubo respuesta institucional y seguimiento al caso.

El punto de choque

La discusión quedó planteada.

Jiménez insiste en que tuvo que abandonar la ciudad por falta de garantías. La Gobernación responde que sí cumplió con los protocolos y que la denuncia pública distorsiona lo ocurrido.

En medio de esa confrontación hay un hecho que sigue sin resolverse: el atentado que puso en riesgo la vida de una diputada y que hoy la mantiene fuera del territorio por temor a que la maten.

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El caso pasó de ser un ataque armado a un choque entre una funcionaria y el gobierno departamental.