El periodista Jacobo Solano se encontró en territorio europeo con el exmandatario del Magdalena, condenado en primera instancia a 15 años de cárcel por delitos contra la administración pública. Aún no tiene orden de captura en firme.

El periodista e investigador colomboitaliano Jacobo Solano publicó un video en el que aparece el exgobernador del Magdalena, Francisco José Infante Vergara, caminando tranquilo por las calles de Italia. Aunque podría parecer un simple encuentro con un ciudadano colombiano en el extranjero, detrás de esa imagen se esconde una compleja situación judicial.

Infante fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia a 15 años y seis días de prisión, además de una multa equivalente a 1.153,08 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. La condena obedece a su responsabilidad como coautor en los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.

El lío judicial
La Corte lo halló responsable de múltiples irregularidades detectadas en la contratación de pruebas diagnósticas para VIH, dirigidas a poblaciones vulnerables del departamento del Magdalena.
El contrato, suscrito en 2007 y numerado como 372, fue adjudicado sin cumplir los requisitos legales. La empresa beneficiada, IPS Eidys Campo Laboratorio Clínico, no estaba inscrita en el registro especial del Ministerio de Salud y fue presentada como persona natural, cuando el proceso exigía una persona jurídica.

Pese a la gravedad de los hechos, la Corte aún no ha emitido orden de captura contra el exmandatario, dado que la sentencia se encuentra en revisión por parte de la Sala de Casación Penal, que deberá decidir si la deja en firme. Esta situación le ha permitido a Infante mantenerse en libertad y salir del país sin restricción.

Según la decisión judicial, además de Infante, hay otros implicados en el proceso contractual. El alto tribunal ordenó el traslado de copias a la Fiscalía para investigar al exsecretario de Salud, Milton Miguel Cantillo Lara; al interventor Nilson Parodys Movilla; al auditor médico, Miguel Aguilar Sequea; y a la contratista Eydis Esther Campo Lacera.

La condena también obliga al exgobernador a pagar más de 2.589 millones de pesos por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios, y más de 129 millones por agencias en derecho a favor de la parte civil demandante. La Corte le negó cualquier beneficio como la detención domiciliaria o la suspensión condicional de la pena.

Por ahora, Francisco Infante sigue libre. Mientras el proceso avanza en la Corte, se le ha visto fuera del país, sin restricciones judiciales. Su futuro dependerá del pronunciamiento definitivo en segunda instancia, que definirá si deberá regresar a Colombia para cumplir su condena en un centro de reclusión.