El Ministerio de Transporte abrió investigación contra entidades de Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Palermo y Magdalena por presuntas irregularidades en cámaras de fotodetección. Miles de sanciones quedaron bajo sospecha.

Miles de conductores podrían haber pagado fotomultas que hoy están siendo investigadas por presuntas irregularidades.

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte destaparon un escándalo que golpea directamente a varios organismos de tránsito del Magdalena, señalados de aplicar comparendos con cámaras que habrían operado incumpliendo requisitos técnicos obligatorios.

La decisión dejó contra las cuerdas a entidades de Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Palermo y al departamento del Magdalena.

Ahora deberán eliminar registros y devolver el dinero cobrado a ciudadanos.

Santa Marta tiene casi 400 mil fotomultas bajo investigación

Las cifras muestran el tamaño del problema.

En Santa Marta quedaron bajo la lupa 395.054 comparendos impuestos entre el 15 de noviembre de 2019 y el 21 de noviembre de 2024. De ese total, 77.138 ya habían sido pagados.

En Fundación aparecen 171.030 sanciones y más de 60 mil pagos realizados por conductores.

En Ciénaga, donde las autoridades detectaron presuntas irregularidades en la documentación requerida para operar las cámaras, se impusieron 26.656 fotomultas y más de 9 mil ciudadanos terminaron pagando.

Palermo y procesos relacionados con el Magdalena también quedaron salpicados dentro de la investigación nacional.

El escándalo explotó

Durante años, miles de conductores denunciaron cobros abusivos, notificaciones tardías y comparendos que aparecían cuando ya tenían intereses acumulados.

Ahora, las propias autoridades nacionales están cuestionando la legalidad de parte de esas sanciones.

La Superintendencia encontró posibles incumplimientos técnicos en sistemas de fotodetección que eran obligatorios para operar legalmente.

Eso significa que miles de comparendos podrían perder validez.

Ahora viene el problema más grande: devolver la plata

El escándalo apenas empieza.

Los organismos de tránsito investigados tendrán que revisar expedientes, desmontar registros y responderle a miles de ciudadanos que ya pagaron multas que hoy están bajo sospecha.

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La gran pregunta ahora es cuánto dinero tendrán que devolver y cómo harán para enfrentar el golpe administrativo y financiero que dejó una de las investigaciones más delicadas sobre fotomultas en el país.