El ente acusador formalizó la petición ante la justicia tras culminar la etapa de indagación por denuncias de cuatro compañeras de trabajo.

La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente la solicitud para imputar cargos por el delito de acoso sexual al reconocido periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas.

La petición fue presentada este miércoles 15 de julio por una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con lo cual el ente acusador busca abrir de manera oficial el proceso penal en contra del comunicador.

Tras este requerimiento, el caso queda a la espera de que un juez de la República defina la fecha y la hora para llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos.

El requerimiento de la Fiscalía se fundamenta en las denuncias presentadas por cuatro mujeres, tres periodistas y una practicante, que compartían el entorno laboral con Vargas.

Según las investigaciones de la entidad, los hechos bajo sospecha ocurrieron de manera continua entre los años 2024 y 2026.

La situación trascendió públicamente en marzo de 2026, fecha en la que Caracol Televisión activó sus protocolos internos de género ante las quejas de las trabajadoras.

En ese escenario también resultó señalado el periodista deportivo Ricardo Orrego.

La gravedad de los señalamientos derivó en la salida de ambos profesionales del canal de televisión en marzo de 2026.

La empresa rescindió unilateralmente el contrato de Ricardo Orrego y acordó una terminación por mutuo acuerdo con Jorge Alfredo Vargas, quien dejó el noticiero el 24 de marzo de 2026.

Desde ese momento, la Fiscalía asumió las indagaciones.

Además, abrió un canal de atención con enfoque de género para recibir los testimonios de las afectadas y recopiló el material probatorio que hoy sustenta la decisión de solicitar la imputación de cargos.

Por el momento, Jorge Alfredo Vargas no ha emitido pronunciamientos públicos respecto a este llamado de la justicia penal.

En declaraciones previas a este avance del proceso, el presentador había señalado que su desvinculación laboral se produjo bajo condiciones cordiales y de mutuo acuerdo con las directivas del medio de comunicación.

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La investigación penal sigue su curso institucional y el indiciado mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que un juez emita un veredicto definitivo sobre el caso.