El alto tribunal rechazó la reclamación económica al considerar que las víctimas se expusieron a un peligro conocido, pese a las advertencias policiales. Los demandantes sostenían que las autoridades debieron impedir que se acercaran al camión cargado de gasolina.

La tragedia de Tasajera dejó 44 muertos. Ahora, familiares que acudieron a la justicia para reclamar una indemnización recibieron una respuesta adversa: el Consejo de Estado negó las pretensiones al concluir que la causa determinante del daño fue la exposición de las víctimas al peligro, pese a las advertencias de los policías presentes.

El proceso volvió a poner bajo examen lo ocurrido alrededor del camión cisterna que transportaba gasolina. Para los demandantes, las autoridades tenían la responsabilidad de asegurar el lugar e impedir que las personas se aproximaran al vehículo. Para el tribunal, las actuaciones de los uniformados y la conducta de quienes se acercaron fueron decisivas para descartar la responsabilidad estatal.

La discusión judicial se concentró en una pregunta dolorosa para las familias: ¿la Policía pudo evitar lo que ocurrió? Sus abogados señalaron que el área quedó insuficientemente acordonada y que las medidas adoptadas permitieron que las personas llegaran hasta el camión, donde terminaron expuestas a un riesgo mortal.

El reclamo por la falta de control

Los familiares llevaron a la justicia una reclamación que atribuía a la Policía responsabilidad por la manera en que atendió la emergencia. Su argumento era que advertir del peligro resultaba insuficiente si las personas podían seguir acercándose a un vehículo cargado con combustible.

El Consejo de Estado examinó esa acusación junto con las circunstancias del caso y las actuaciones de los agentes. Según la información suministrada sobre la decisión, encontró que los uniformados ordenaron a las personas alejarse, advirtieron reiteradamente sobre el peligro, solicitaron apoyo e intentaron controlar a una multitud que terminó superándolos en número.

Esa valoración marcó el rumbo del proceso. El tribunal consideró que los policías actuaron frente a la emergencia y que la imposibilidad de controlar completamente el lugar debía analizarse dentro de las condiciones que enfrentaron.

El acordonamiento, en el centro del caso

El alto tribunal reconoció que el área quedó sin un acordonamiento completo. Sin embargo, sostuvo que esa limitación, por sí sola, resultaba insuficiente para atribuir al Estado las consecuencias de la tragedia.

Para ordenar una indemnización era necesario establecer que la actuación o la omisión de las autoridades había sido determinante en el daño. La Sala concluyó que, en este caso, el elemento decisivo fue que las víctimas se acercaron directamente a un peligro grave y conocido, sobre el cual habían recibido advertencias.

Con esa conclusión, el Consejo de Estado rechazó el argumento central de la reclamación: que la falta de una barrera suficiente alrededor del camión explicaba jurídicamente la responsabilidad de la Policía en las muertes.

La razón para negar la indemnización

La decisión se sustentó en la figura del hecho exclusivo de la víctima. En este proceso, el tribunal la aplicó al considerar que la conducta de las personas afectadas fue la causa determinante del daño y excluía la responsabilidad del Estado.

Para los familiares demandantes, el fallo significa que la reclamación económica fue negada. Habían acudido a la justicia para que se reconociera una responsabilidad de las autoridades en la pérdida de sus seres queridos; la respuesta judicial atribuyó el desenlace a la exposición de las víctimas al riesgo.

La tragedia que dejó 44 muertos terminó así, en este proceso, con una decisión adversa para quienes buscaban una indemnización. El Consejo de Estado consideró que las advertencias y los intentos de control de la Policía, frente a las circunstancias examinadas, impedían responsabilizar al Estado por lo ocurrido.