El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo recordó el precedente de 2016, cuando el alto tribunal anuló el decreto del salario mínimo por falta de sustento técnico.

El anuncio del aumento del salario mínimo para 2026, fijado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en un 23,7 % para llevarlo —con auxilio de transporte— a los dos millones de pesos, abrió un nuevo frente de debate jurídico y económico. Expertos advierten que la medida podría ser demandada ante el Consejo de Estado si no cumple con los criterios técnicos exigidos por la ley.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo propuso acudir al alto tribunal de lo contencioso administrativo, al considerar que el incremento podría carecer de una justificación técnica sólida. Según explicó, una decisión de este calibre debe sustentarse con estudios detallados que demuestren su viabilidad y efectos económicos, especialmente para evitar impactos negativos en el empleo y la inflación.

Restrepo recordó el antecedente de 2016, cuando el Consejo de Estado anuló el decreto con el que el Gobierno de Juan Manuel Santos fijó el salario mínimo. En ese entonces, el tribunal concluyó que el Ejecutivo no logró demostrar de manera suficiente las razones técnicas para establecer un aumento del 7 %, que dejó el salario en $689.455, apenas por encima de la inflación registrada en 2015.

Aunque aquella decisión judicial no tuvo efectos prácticos sobre el pago de salarios —debido a que la vigencia del decreto ya había expirado y el salario de 2017 estaba en curso—, sí dejó un precedente clave. El fallo estableció que el Gobierno está obligado a publicar un documento técnico riguroso cada vez que determine el salario mínimo por decreto.

El exministro también advirtió que, en esta ocasión, no se habría tenido en cuenta de manera suficiente la posición de la mesa tripartita, integrada por empresarios, trabajadores y el Estado, lo que podría agravar la situación jurídica del decreto. A su juicio, una eventual demanda buscaría proteger a la mayoría de los colombianos que podrían verse afectados por una decisión que, según sus críticas, no estaría debidamente consensuada ni argumentada.