Mientras Santa Marta discute salidas estructurales para resolver su histórico déficit de agua potable, la realidad diaria de miles de hogares sigue marcada por la escasez, los rebosamientos de alcantarillas y una empresa de servicios públicos sumida en una inestabilidad administrativa que no da tregua.

La promesa de un cambio de fondo al problema más grande que afronta Santa Marta convive con un presente crítico. La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR), intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no logra estabilizar su operación ni ejecutar planes de mejora sostenidos. El problema no es nuevo, pero se agrava: en el papel hay anuncios; en la práctica, no hay continuidad.

Desde que inició la intervención, casi una decena de agentes han pasado por la gerencia. Cada relevo llega con diagnósticos, promesas y equipos de trabajo; ninguno alcanza a consolidar cambios antes de ser removido. Para los sindicatos de trabajadores, el patrón es claro: los periodos son demasiado cortos para corregir fallas estructurales y, cuando la gestión comienza a tomar forma, sobreviene un nuevo cambio.

La más reciente salida encendió las alarmas. A las puertas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías —que limita la contratación pública— se produjo, en total hermetismo, la remoción del agente interventor Edwin Parada Cabrera. El movimiento sorprendió incluso a sectores que daban por sentada una hoja de ruta mientras la ciudad dice avanzar en soluciones de fondo junto al alcalde Carlos Pinedo y el presidente Gustavo Petro.

La lectura política de los sindicatos

Para las organizaciones sindicales, el relevo no es técnico. Ocurre en plena coyuntura electoral y, sostienen, responde a intereses políticos. “No hay duda de que esto es un cambio para mover votos”, afirma un trabajador que pide reserva de su identidad por temor a represalias.

La tesis sindical es que Essmar se ha convertido en un fortín político y que la designación del nuevo liderazgo —aún desconocido al momento de esta publicación— revelará afinidades electorales.
La preocupación va más allá del nombre propio. Lo que inquieta es el impacto de la inestabilidad sobre proyectos estratégicos de ciudad que hoy se gestionan desde la empresa y que requieren continuidad técnica y administrativa.

Dos cambios en 24 horas y una empresa acéfala

En un comunicado conjunto, SINTRAEMSDES, SINTRASEPD y SINTRASERPUCOL denunciaron que, “ad portas del inicio de la Ley de Garantías”, ESSMAR sufrió dos abruptos cambios de administración en menos de 24 horas, quedando “prácticamente acéfala”, sin una hoja de ruta clara, técnica ni estructurada. Las organizaciones cuestionaron la conducción de la Superintendencia, hoy en cabeza de Felipe Durán, y advirtieron sobre una “lucha de poderes, intereses y favores” que puede desangrar a la empresa.

Los sindicatos también reprocharon la ausencia de diálogo. Señalan que, pese a visitas oficiales y despliegue institucional, no fueron convocados ni escuchados, una exclusión que califican de antidemocrática y que, aseguran, debilita la defensa del patrimonio público.

La calle habla: protestas y rebosamientos

Mientras se dirime la disputa administrativa, la ciudad padece. Las protestas por falta de agua vuelven a tomarse vías y barrios. Los rebosamientos de alcantarillas —otro frente crítico— afectan la imagen, la salubridad y la movilidad. Para los usuarios, el debate institucional se siente lejano: lo inmediato es abrir la llave y no encontrar agua, o convivir con aguas residuales en las calles.

Ante el escenario, los sindicatos elevaron un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que intervenga de manera inmediata frente a la “agudizada crisis administrativa” de Essmar y evite un daño institucional irreversible. Reclaman respeto, comunicación directa y construcción conjunta como condiciones mínimas para recuperar la estabilidad y garantizar el bienestar de los trabajadores y de la ciudad.

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Expertos y analistas samarios señalan que Santa Marta enfrenta un dilema de fondo: hablar de soluciones estructurales mientras la empresa que debe ejecutarlas no logra estabilidad. Sin continuidad administrativa, cualquier plan corre el riesgo de quedarse en anuncio.