Tras el cierre decretado por Parques Nacionales, comunidades indígenas y campesinas administran accesos, cobran aportes a visitantes y exigen coadministración con participación económica. El Gobierno califica la toma como ilegal mientras crece la tensión en el principal destino turístico del Caribe colombiano.

Los indígenas Kogui se quedaron con el control del Parque Tayrona. Tras el cierre ordenado por Parques Nacionales, asumieron la administración total del ingreso, retiraron al último vigilante privado y hoy son quienes deciden quién entra, cuánto se paga y cómo funciona la reserva natural más importante del Caribe colombiano. Desde el corazón del parque advierten que no se moverán hasta que el Gobierno acepte compartir el poder y los ingresos de un territorio que consideran suyo por derecho ancestral.

El parque bajo autoridad indígena

Lo que comenzó como una protesta pacífica terminó convirtiéndose en un hecho sin precedentes: el Tayrona opera hoy sin la administración directa del Estado.

Según Juan Carlos Gil, vocero delegado de las autoridades indígenas, la presencia de las comunidades responde a la necesidad de abrir un diálogo que, aseguran, nunca llegó.

“Nosotros estamos aquí de forma pacífica esperando que Parques Nacionales dé la cara y se siente a dialogar. Hasta que eso no pase, vamos a permanecer aquí”, afirmó.

La situación escaló luego de que, según los indígenas, funcionarios del parque destruyeran una construcción comunitaria dentro del territorio, lo que detonó la movilización de autoridades provenientes de distintos pueblos de la Sierra Nevada.

Desde entonces, los llamados “hermanos mayores” asumieron el manejo operativo del lugar.

Coadministración: la exigencia central

El punto clave del conflicto es uno solo: la coadministración del Tayrona.

Los Koguis reclaman participación directa en las decisiones y en los ingresos económicos que genera el parque, uno de los destinos turísticos más visitados del país.

“Cuando pedimos coadministración estamos diciendo que el parque tiene que tenernos en cuenta en todo. Económica y administrativamente, porque nunca hemos recibido beneficios”, aseguró Gil.

El líder indígena insiste en que las comunidades han sido históricamente excluidas pese a ser guardianes ancestrales del territorio.

Un parque cerrado… pero funcionando

Aunque el cierre oficial continúa vigente, turistas nacionales y extranjeros siguen ingresando bajo un esquema administrado por indígenas y comunidades locales.

En los accesos se informa que el pago no corresponde a una tarifa oficial sino a un aporte comunitario. Actualmente, el ingreso cuesta aproximadamente 30 mil pesos para nacionales y 50 mil para extranjeros.

Los visitantes reciben acompañamiento de guías comunitarios y deben portar seguro médico obligatorio debido a senderos afectados por lluvias e inundaciones.

Paulo Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Zaino, asegura que la operación se mantiene en orden.

“Son miembros capacitados de la comunidad que brindan información y acompañamiento a los visitantes. Todo funciona con completa normalidad”, explicó.

El impacto económico ya se siente

El conflicto ya genera consecuencias económicas. Según Sánchez, por una de las entradas ingresaron cerca de 400 visitantes en un día, cuando normalmente la capacidad alcanza hasta 2.000 personas.

“Las pérdidas son incalculables. Toda la Troncal del Caribe depende del Tayrona, porque quien viene a esta zona siempre quiere entrar al parque”, señaló.

Hoteles, restaurantes, transportadores y comerciantes comienzan a sentir la caída del flujo turístico ante la incertidumbre.

Acusaciones y rechazo a señalamientos

Parques Nacionales ha calificado la toma como ilegal y ha advertido posibles vínculos o presiones de grupos armados en la zona, afirmaciones que los indígenas rechazan de manera categórica.

“Queremos desmentir eso. Los Koguis somos hombres de paz y nunca hemos estado ligados a grupos armados”, respondió Gil.

Mientras tanto, la Policía mantiene presencia preventiva en los accesos, pero sin intervenir en la administración ejercida por las comunidades.

El abandono que denuncian las comunidades

Otro de los argumentos indígenas apunta al estado de la infraestructura del parque. Según sus líderes, los ingresos generados no se reflejan en mejoras visibles.

“Hemos visto caminos dañados, puentes caídos y estructuras deterioradas desde hace meses. Hay cero inversión y abandono”, denunció el vocero.

Para las comunidades, esta situación evidencia la necesidad de cambiar el modelo de administración.

Un pulso por el futuro del Tayrona

El conflicto dejó al Tayrona en una situación inédita: oficialmente cerrado por el Estado, pero operando parcialmente bajo control comunitario.

Lea aquí: El Estado cerró el Tayrona; la comunidad lo abrió y tomó la taquilla exigiendo la coadministración: esto se sabe

Los hermanos mayores aseguran que permanecerán hasta lograr un acuerdo real.

“Si el parque quiere seguir funcionando, tiene que dialogar con nosotros y tenernos en cuenta en todas las decisiones”, advirtió Gil.

El desenlace aún es incierto. Lo que sí está claro es que el Tayrona dejó de ser solo un destino turístico y se convirtió en el escenario de una disputa profunda sobre territorio, autoridad y derechos ancestrales.