El Gobierno endurece las reglas y pone en jaque el negocio de Airbnb en Colombia


Un borrador de decreto del Gobierno cambiaría las reglas para Airbnb y otras plataformas de alquiler turístico de corta estancia. El paso de un registro declarativo a uno de verificación previa divide al sector: mientras los hoteles celebran mayor control y equidad, gremios digitales advierten que miles de anfitriones podrían quedar por fuera del sistema y empujados a la informalidad.

El modelo de alquiler turístico de corta estancia volvió al centro de la discusión pública. Un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que entraría en vigencia el 18 de diciembre, propone un giro de fondo en la forma como operan plataformas como Airbnb en Colombia. La iniciativa endurece el Registro Nacional de Turismo (RNT) y abre una disputa entre control estatal, formalización y el riesgo de excluir a quienes hoy sostienen parte de la oferta turística del país.

El cambio clave está en el RNT. El borrador plantea pasar de un sistema declarativo —basado en la información que reporta el prestador— a uno de verificación previa. En la práctica, los anfitriones tendrían que cumplir nuevas exigencias administrativas antes de poder operar. Para unos, es orden; para otros, es un muro.

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) lanzó la primera alerta. A su juicio, el decreto introduce requisitos que desbordan el marco legal vigente y terminan convirtiéndose en una autorización obligatoria para ejercer la actividad.

“La iniciativa crea una ‘licencia de facto’ al imponer cargas documentales que van más allá de la Ley”, advirtió el gremio, que representa a empresas tecnológicas y plataformas digitales.

Entre los puntos más polémicos está la exigencia de certificados de uso del suelo expedidos por los municipios y, en el caso de apartamentos, la presentación de reglamentos de propiedad horizontal que autoricen de manera expresa el alquiler turístico. Los críticos sostienen que estas condiciones no dependen solo del anfitrión y podrían dejar por fuera a miles de viviendas que hoy operan legalmente en Airbnb, sobre todo si la norma entra en vigor sin un periodo de transición.

Desde el sector digital insisten en que el modelo actual permitió niveles altos de formalización en un mercado históricamente informal. Endurecer los requisitos, dicen, podría producir el efecto contrario: menos registros, más oferta por fuera del sistema y menor control real del Estado. El impacto no sería solo regulatorio, sino económico y social.

Para miles de familias de clase media, Airbnb representa un ingreso complementario que ayuda a sostener el hogar. En muchas regiones, además, el alquiler turístico ha suplido la falta de infraestructura hotelera, dinamizando economías locales y promoviendo el turismo comunitario. Limitar esa operación legal, advierten, afectaría tanto a los anfitriones como a los destinos que dependen de esa oferta.

Del otro lado del tablero está el sector hotelero tradicional. Allí el decreto es visto como una corrección necesaria. José Andrés Duarte, presidente ejecutivo del gremio hotelero, defendió la actualización normativa y aseguró que el objetivo no es acabar con plataformas como Airbnb.

“No se trata de prohibir la actividad ni la operación de plataformas, sino de establecer condiciones mínimas de cumplimiento”, afirmó, al señalar la necesidad de proteger el empleo formal, la competencia leal y la convivencia en zonas residenciales.

El borrador también refuerza el control fiscal.

La DIAN y Fontur podrían solicitar información detallada sobre las transacciones realizadas a través de Airbnb y otras plataformas. El Gobierno apunta a combatir la evasión y mejorar el recaudo, pero los detractores advierten que una regulación excesiva puede empujar la oferta hacia la informalidad, reduciendo la trazabilidad, la seguridad de los viajeros y, paradójicamente, los impuestos que se busca recaudar.

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Mientras el Ejecutivo evalúa la versión final del decreto, el futuro del alquiler turístico de corta estancia sigue en disputa. La tensión entre regular y permitir, entre controlar y no asfixiar, se concentra en un sector que transformó la forma de viajar y alojarse en Colombia. El equilibrio que se adopte marcará no solo el destino de Airbnb, sino el rumbo del turismo en los próximos años.


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