
El Gobierno de Argentina autoriza oficialmente la comercialización de carne de burro para consumo humano
La medida administrativa busca ofrecer una alternativa ante el encarecimiento de la carne vacuna, que ha registrado subas del 10% mensual y una caída del 20% en sus ventas debido a la crisis económica.
El Gobierno nacional formalizó la autorización para la venta de carne de burro en todo el territorio, una decisión que ayer tuvo su primer impacto en el mercado con el agotamiento total del stock disponible.
Esta disposición legal permite la integración de una nueva opción proteica al circuito comercial, orientada a cubrir la demanda de sectores que ya no pueden acceder a la carne bovina.
Mientras que los cortes tradicionales de res se ubican entre los 15.000 y 18.000 pesos —con algunos cortes superando los 25.000 pesos—, la carne de burro se introdujo con un precio de 7.500 pesos por kilo.
La habilitación de este producto se da en un contexto de alta inflación y cambios en el poder adquisitivo bajo la gestión de Javier Milei.
Según datos del INDEC, el índice de precios al consumidor registró un aumento del 3,4% en marzo, consolidando una inflación interanual del 32,6%.
El plan de ajuste, que incluye la quita de subsidios en energía y transporte, ha forzado a los consumidores a buscar alternativas fuera de la dieta tradicional.
Reportes comerciales indican que las familias intentaron inicialmente sustituir la res con pollo, cerdo o huevos, pero el aumento constante en estos rubros derivó finalmente en la apertura del mercado hacia la carne de burro.
En el sector minorista, la medida gubernamental se percibe como un reflejo de la recesión actual.
El diario Página/12 señaló que la suba de precios en la carne vacuna ha sido tan agresiva que muchas familias han tenido que recurrir al crédito para comprar alimentos básicos.
Comerciantes del sector cárnico confirman que la venta de carne de vaca cayó un 20%, lo que aceleró la necesidad de contar con una opción legal y más económica.
Con esta autorización oficial, la estructura de la canasta básica argentina comienza a modificarse por razones estrictamente financieras, priorizando el costo por kilo sobre las costumbres históricas de consumo.
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