Por orden presidencial, un escuadrón de Carabineros fue desplegado en el Parque Nacional Natural Tayrona para restablecer el orden público tras denuncias de extorsión y presiones de grupos armados contra comunidades e integrantes del ecoturismo. El Gobierno busca garantizar la seguridad y abrir el camino hacia la reapertura del parque, hoy cerrado y golpeando la economía de cientos de familias.

El Parque Tayrona dejó de ser solo un destino turístico para convertirse en un escenario de disputa por el control territorial.

Ante denuncias de cobros ilegales, amenazas y presiones contra quienes trabajan dentro de la reserva natural, el Gobierno Nacional ordenó el ingreso de un escuadrón especializado de Carabineros con una misión clara: recuperar el orden público y enfrentar a los grupos armados que operan en la zona.

La intervención responde directamente a una directriz del presidente Gustavo Petro que busca restablecer la seguridad en uno de los parques naturales más importantes del país, actualmente afectado por la suspensión de actividades turísticas y por una crisis que impacta a comunidades indígenas, campesinas y operadores económicos.

Extorsiones detrás de la crisis

Según información oficial entregada por Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa, detrás de las tomas indígenas y campesinas y presiones registradas en el área existiría influencia de estructuras armadas ilegales que se benefician económicamente del territorio.

Las autoridades señalan al grupo armado conocido como ‘los Pachenca’ como presunto responsable de amenazas y cobros extorsivos dirigidos a todo aquel que genera ingresos dentro del parque, desde operadores de ecoturismo hasta habitantes de la zona.

Este panorama llevó al Estado a aumentar su presencia institucional y desplegar unidades de Carabineros y de Protección Ambiental en puntos estratégicos del área protegida, ubicada en jurisdicción de Santa Marta.

Un plan en cinco frentes

La Dirección de Carabineros activó un plan de intervención estructurado en cinco ejes estratégicos que incluye:

Articulación directa con comunidades asentadas en el parque.

Control del ingreso y salida de personas al área protegida.

Identificación de focos de amenaza y riesgo.

Recorridos permanentes de prevención y presencia institucional.

Acompañamiento a trabajadores y familias que dependen del ecoturismo.

El objetivo es ejercer control permanente del territorio y evitar que actores armados sigan imponiendo reglas paralelas dentro del parque.

El cierre que golpea a cientos de familias

La intervención ocurre en medio de la suspensión provisional de actividades en el Tayrona, una decisión que ha dejado sin ingresos a numerosas familias cuya economía depende directa e indirectamente del turismo ecológico.

Guías, transportadores, vendedores, operadores turísticos y comunidades locales enfrentan semanas de incertidumbre mientras el parque permanece sin funcionamiento.

Desde el Gobierno Nacional aseguran que recuperar la seguridad es el paso necesario para permitir una reapertura bajo condiciones de legalidad y estabilidad.

Paralelamente al despliegue operativo, las autoridades avanzan en investigaciones judiciales para identificar y desarticular a las estructuras responsables de las amenazas y cobros ilegales.

La apuesta oficial es recuperar la confianza institucional dentro del Tayrona y evitar que el control armado continúe condicionando la operación de uno de los principales patrimonios naturales del país.

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Por ahora, el mensaje del Estado es claro: el parque será vigilado permanentemente hasta restablecer el orden.