En los próximos 15 días un juez definiría la propiedad del camposanto. La Diócesis asegura que el fallo obligaría al sacerdote Hernando Fajid Yacub a abandonar el lugar, incluso con apoyo de la fuerza pública si no lo hace voluntariamente.

El prolongado conflicto por el control del cementerio San Miguel de Santa Marta podría entrar en su fase definitiva. Según el abogado de la Diócesis, Diego Fernando Duque Zuluaga, en aproximadamente 15 días la justicia emitiría un pronunciamiento clave que definiría la propiedad legal del camposanto y su administración.

La declaración se conoció tras la inspección judicial adelantada esta semana por la Fiscalía, el CTI y un juez penal municipal dentro del proceso que se sigue contra el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub, conocido como el “cura rebelde”.

De acuerdo con la representación jurídica de la Iglesia Católica, el dictamen pericial en curso permitiría demostrar que el cementerio pertenece legalmente a la Diócesis de Santa Marta, lo que abriría la puerta a una orden de entrega provisional del lugar mientras continúa el proceso penal.

“Con todo el soporte legal que existe, esperamos que se confirme la titularidad de la Iglesia y se restablezcan sus derechos”, afirmó el abogado Duque.

Salida voluntaria… o con la Policía

El jurista explicó que, de confirmarse la decisión judicial, el sacerdote deberá abandonar la administración del cementerio, ya sea de manera voluntaria o mediante un procedimiento acompañado por la fuerza pública.

“Si no accede a los requerimientos, la medida tendrá que materializarse con apoyo de la Policía Nacional”, advirtió.

Fajid Yacub fue imputado por la Fiscalía por los delitos de administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documento privado, relacionados con la presunta apropiación irregular del control administrativo del camposanto.

Señalamientos por manejo irregular de dinero

La Diócesis fue más allá y aseguró que durante años el sacerdote habría manejado el cementerio sin reportar ingresos ni rendir cuentas a la Iglesia.

Según el abogado Duque, el religioso habría convertido la administración del lugar en una especie de “billetera personal”, operando con una contabilidad paralela y sin transparencia sobre los recursos obtenidos por ofrendas, inhumaciones, exhumaciones y demás servicios funerarios.

“El problema es que no existe claridad sobre cuánto se cobraba ni a quién se le cobraba. La diócesis hoy intenta reconstruir la contabilidad porque los documentos permanecen retenidos”, explicó.

A esto se suman denuncias de familias que aseguran haber sido afectadas por presuntas reventas de bóvedas y exhumaciones no autorizadas, situación que ha generado reclamos constantes ante la Iglesia, pese a que esta no tiene actualmente acceso administrativo al cementerio ni a sus registros.

Un conflicto cerca del desenlace

Pese a haber sido removido por la Iglesia y privado de autorización para oficiar sacramentos, el sacerdote continúa celebrando misas y servicios funerarios respaldado por un grupo de feligreses que defiende su permanencia.

La reciente inspección judicial dejó una imagen que refleja la tensión del caso: autoridades revisando documentos dentro del templo mientras el sacerdote celebraba una misa frente a un féretro.

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Ahora, la decisión queda en manos del juez.
Si el fallo favorece a la Diócesis, el llamado “cura rebelde” podría enfrentar el capítulo final de su permanencia en el cementerio San Miguel, un conflicto que por meses ha dividido a la Iglesia, la comunidad y la justicia en Santa Marta.