Desde el Congreso, legisladores señalan que los 12 accidentes de aeronaves militares registrados en los últimos años, durante la administración de Gustavo Petro, no son hechos aislados sino consecuencia de fallas estructurales, recortes y retrasos en el mantenimiento y modernización de la flota aérea.

Una alarmante estadística judicial ha desatado una fuerte tormenta política en el Congreso de la República: en los últimos 43 meses, periodo que coincide con la administración del presidente Gustavo Petro, se han registrado al menos 12 accidentes de aeronaves militares en el territorio nacional.

La cifra fue revelada por la representante Juana Carolina Londoño, quien señaló que estos hechos no son casos aislados, sino parte de una cadena de tragedias que vienen siendo advertidas desde el año 2024 ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

Para los congresistas, el reciente accidente de un avión militar en Puerto Leguízamo es la prueba más reciente de una crisis operativa que está cobrando la vida de más uniformados.

Según el senador Carlos Fernando Motoa, Colombia enfrenta desde el año 2022 niveles de accidentalidad en las Fuerzas Militares y la Policía que no tienen precedentes.

El legislador reveló un dato que explica la gravedad de la situación: cerca del 50 % de la flota aérea del país estaría fuera de servicio, ya sea porque los equipos son demasiado viejos o porque no hay presupuesto para sus reparaciones, dejando al Estado en desventaja frente a grupos criminales que sí se están modernizando.

“Es fundamental que el próximo gobierno comprenda que no se puede seguir aplazando la modernización de la flota aérea del país. Instituciones como la Fuerza Aérea requieren mayor inversión para enfrentar el crimen y acceder a nuevas tecnologías que permitan combatir eficazmente a los grupos violentos” expresó el senador.

Ante este panorama, la representante Londoño cuestionó con dureza si los recursos destinados a la seguridad aérea están siendo desviados hacia otros fines, dejando a los pilotos en una situación de vulnerabilidad extrema por falta de mantenimiento técnico.

A esta postura se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien exigió respuestas inmediatas al presidente Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Cabal solicitó una investigación que no dependa únicamente de instituciones nacionales, sino que cuente con el apoyo de organismos internacionales de Estados Unidos, como la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

La exigencia de los legisladores es clara: el país necesita saber con total transparencia si estas caídas de aeronaves obedecen a fallas mecánicas por falta de repuestos o si existen indicios de sabotaje y causas criminales. La senadora Cabal advirtió que, de encontrarse pruebas de interferencia externa, el caso deberá ser trasladado de inmediato a la justicia penal con acompañamiento internacional.

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Por ahora, el Congreso coincide en que la modernización de la flota y la inversión en tecnología no pueden esperar más, pues la vida de los soldados y policías sigue dependiendo de aviones que ya no son seguros para volar.