El Clan del Golfo se disparó 600% en Magdalena: más hombres, más armas y más poder para imponer su ley
La gobernadora Margarita Guerra advirtió que la expansión del grupo armado ilegal ha multiplicado las extorsiones, el control territorial y el miedo en el departamento. La mandataria alertó que la estructura criminal ya estaría incidiendo incluso en el escenario electoral.
El crimen organizado creció más rápido que la capacidad del Estado para frenarlo. Ese fue el mensaje más duro que dejó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, al revelar una cifra que encendió las alarmas nacionales: el Clan del Golfo aumentó más del 600% su capacidad armada, operativa y humana en el departamento durante los últimos cinco años.
No se trata solo de números. Se trata de un grupo armado que hoy se expande desde el sur hasta el norte del Magdalena imponiendo control territorial, movilizando droga, cobrando extorsiones y dejando mensajes de muerte para sembrar miedo.
Un crecimiento que desbordó la seguridad
La advertencia fue presentada ante altos funcionarios del Gobierno Nacional durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, escenario donde la mandataria expuso una radiografía completa del avance criminal en el territorio.
Según Guerra, pese a las operaciones del Ejército y la Policía, las acciones han resultado insuficientes frente a la velocidad de expansión del grupo ilegal.
De acuerdo al informe de la mandataria, desde el 2021 hasta hoy, el número de integrantes del Clan del Golfo creció 653%, consolidando una estructura con mayor armamento, presencia territorial y capacidad de intimidación.
El resultado se siente con terror en las calles y en el campo.
Ganaderos, comerciantes y empresarios del agro enfrentan un aumento sostenido de extorsiones, amenazas y presiones económicas que obligan a muchos a pagar para poder trabajar.
Control territorial y terror como estrategia
La gobernadora describió un patrón que se repite en varias zonas del departamento: cuando asesinan, dejan letreros.
Mensajes dirigidos a la población para amplificar el miedo.
Según el diagnóstico presentado, el grupo armado no solo busca rentas ilegales, sino consolidar dominio territorial mediante intimidación sistemática, amenazas y lo que autoridades califican como posibles prácticas de “limpieza social”.
Municipios completos comienzan a vivir bajo reglas impuestas por estructuras criminales que reemplazan la autoridad del Estado.
La sombra sobre las elecciones
El punto más delicado de la advertencia llegó cuando la mandataria habló del impacto político del fenómeno.
Guerra alertó que la expansión criminal podría estar alcanzando el proceso electoral del próximo 8 de marzo. Según expresó ante ministros, magistrados y organismos de control, existe preocupación por posibles presiones al electorado y eventuales alianzas entre estructuras armadas y aspiraciones políticas.
“Queremos elecciones libres y seguras”, afirmó la gobernadora, advirtiendo el riesgo de que grupos ilegales financien campañas o constriñan a los votantes.
La alerta fue elevada ante el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el registrador nacional, Hernán Penagos; el procurador, Gregorio Eljach y la cúpula militar.
Dos grupos armados y una población en medio
El panorama se agrava con la presencia de un segundo actor armado en la zona norte del departamento: Los Pachenca, hoy conocidos como Autodefensas Conquistadores de la Sierra.
Ambas estructuras se disputan el territorio a bala.
En medio de esa confrontación queda la población civil, atrapada entre extorsiones, amenazas y homicidios que reflejan una lucha por corredores estratégicos y control económico.
Un llamado urgente al Gobierno Nacional
Ante este escenario, la gobernadora pidió medidas más contundentes y un fortalecimiento institucional que permita contener la expansión criminal antes de que alcance niveles irreversibles.
El diagnóstico oficial deja una conclusión inquietante: el Magdalena enfrenta una transformación silenciosa de su mapa de seguridad, donde grupos armados ilegales avanzan más rápido de lo que retroceden.
Y mientras las cifras crecen, también lo hace el temor de que el poder de las armas termine influyendo no solo en la economía y la seguridad, sino también en las decisiones democráticas del departamento.
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