La Personería de Santa Marta ratificó una suspensión preventiva de tres meses contra un profesor de una institución distrital, mientras avanza una investigación por una posible falta disciplinaria gravísima.

La Personería Distrital de Santa Marta confirmó la suspensión provisional, sin derecho a remuneración y por un periodo de tres meses, de un docente vinculado a la IED Madre Laura, como medida cautelar dentro de un proceso disciplinario en curso por presuntas conductas irregulares con una estudiante menor de edad.

La determinación se adoptó tras revisar el caso en grado de consulta, luego de que en primera instancia ya se hubiera ordenado la suspensión. Al evaluar los elementos recaudados, el despacho concluyó que se cumplen los requisitos legales para mantener al profesor apartado de sus funciones mientras se esclarecen los hechos.

Según lo que ha trascendido en la actuación disciplinaria, el docente —quien impartía clases de Química— habría sostenido comunicaciones privadas con la estudiante que, al parecer, desbordaban el ámbito estrictamente académico. Conversaciones que, de confirmarse, revelarían cercanía afectiva, un trato inadecuado y contenido impropio dentro de una relación pedagógica.

Más allá de los chats o los indicios, lo que se investiga es algo más profundo: el posible uso indebido de una posición de autoridad. En el entorno escolar, el profesor no solo enseña, también orienta, evalúa y guía. Esa asimetría de poder implica una responsabilidad mayor, especialmente cuando se trata de menores de edad.

La medida adoptada busca, precisamente, blindar el proceso. No se trata de una sanción definitiva, sino de una acción preventiva para garantizar que la investigación avance sin presiones, sin interferencias y con la protección debida a la estudiante.

De comprobarse los hechos, el caso podría configurarse como una grave vulneración a los deberes funcionales del servidor público, particularmente aquellos relacionados con el respeto, el cuidado y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, quienes cuentan con un marco reforzado de garantías constitucionales.

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Mientras tanto, el proceso disciplinario sigue su curso. La institución educativa y la comunidad permanecen a la expectativa, en medio de un caso que vuelve a poner sobre la mesa los límites que jamás deben cruzarse dentro de un aula.