El joven fue capturado en Barranquilla y es acusado de terrorismo y espionaje internacional. Su familia sostiene que su viaje a Europa no tenía fines ilícitos.

Desde San Petersburgo, a miles de kilómetros de Colombia, Cielo Santos Amaya habla con la voz quebrada y el miedo atravesado en el pecho. Su hijo, Gonzalo de Jesús Ramos Santos, de apenas 22 años, está preso en La Picota, señalado de terrorismo y espionaje internacional, y a la espera de una decisión que podría enviarlo extraditado a Lituania.

“Mi hijo no estuvo haciendo ninguna inteligencia”, repite la mujer, como si decirlo una y otra vez pudiera romper el peso de una acusación que amenaza con destruirlo todo.

Gonzalo, oriundo de Soledad, Atlántico, fue capturado en Barranquilla tras una circular roja emitida por Interpol. Las autoridades lituanas lo acusan de haber viajado desde Rusia en septiembre de 2024 para recopilar información sobre una empresa dedicada a la fabricación de drones usados en apoyo a Ucrania. Desde entonces, su nombre quedó atrapado en un expediente internacional que lo presenta como algo que su familia insiste en negar: un espía.

Su madre asegura que el viaje tenía otro propósito. Gonzalo, dice, solo buscaba llegar a España junto a su novia ucraniana para evitar el servicio militar obligatorio en Rusia. Un plan de escape, no una misión. Pero el trayecto se torció. En Bulgaria fue retenido durante varios días, le revisaron el teléfono, lo interrogaron. No hallaron nada. Aun así, la acusación apareció después.

“Le revisaron todo y no encontraron nada sospechoso. Solo búsquedas normales, videos de YouTube con su novia. ¿Entonces de dónde sale todo esto?”, se pregunta Cielo, sin encontrar respuesta.

La madre describe a su hijo como un joven disciplinado, criado lejos de la calle y de los vicios. Testigo de Jehová, futbolista aficionado desde los 9 años, participante en torneos en Finlandia, Moscú y Lituania. “Aquí no tenía amigos, estudiaba, entrenaba, me ayudaba. Era mi apoyo”, cuenta.

Durante dos años, Gonzalo evitó el servicio militar ruso moviéndose entre países. Regresó cuando su madre enfermó. Mientras ella enfrentaba un tratamiento de quimioterapia contra el cáncer, él se quedó a su lado, cuidando también de sus tres hermanos.

“Él me cuidaba a mí. No estaba haciendo inteligencia. Estaba cuidando a su mamá”, dice, conteniendo el llanto.

Hoy, el joven duerme en una celda en Colombia, lejos de todo lo que conoce. Y su madre vive con el temor de que lo envíen a un país donde, asegura, no hay pruebas en su contra.

“No quiero que se lo lleven a Lituania sin pruebas. Él la está pasando muy mal en la cárcel. Yo tengo miedo. Aquí en Rusia soy la única que tiene cómo demostrar su vida, pero nadie me responde. Trato de hablar con el cónsul y no me contestan”, denuncia.

Su súplica va más allá de los tribunales. Le habla directamente al poder. Le pide al presidente Gustavo Petro que mire el caso, que revise la historia de su hijo, que no permita que un joven colombiano sea enviado a enfrentar cargos que su familia considera fabricados.

“No me quiero morir viendo a mi hijo en una cárcel”, dice. No es una frase retórica. Es una advertencia cargada de dolor.

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Mientras el Gobierno colombiano decide si concede la extradición, Gonzalo Ramos Santos permanece detenido, convertido en una ficha más de un tablero geopolítico que no entiende. Afuera, una madre espera. Y desde Rusia, con el corazón en Colombia, clama para que su hijo no sea condenado antes de que alguien escuche su versión.