Carolina Restrepo Cañavera, designada por el presidente electo Abelardo De La Espriella para dirigir el ICBF, propuso que los adolescentes que cometan delitos de alta gravedad enfrenten sanciones como las de un adulto. La iniciativa surge tras el caso del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y reabre una de las discusiones más sensibles sobre seguridad y responsabilidad penal en Colombia.

Durante años, las organizaciones criminales han encontrado en los menores de edad una pieza clave para ejecutar homicidios, atentados y otros delitos de alto impacto, amparadas en un sistema judicial que contempla sanciones diferenciadas para los adolescentes. Ahora, una propuesta impulsada desde la futura dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) busca cambiar ese panorama y abrir un debate que promete dividir al país.

Carolina Restrepo Cañavera, designada por el presidente electo Abelardo De La Espriella para dirigir la entidad, planteó que los adolescentes desde los 14 años que cometan delitos especialmente graves respondan ante la justicia como adultos, al considerar que las normas actuales terminaron siendo aprovechadas por las estructuras criminales.

El caso que impulsó la propuesta

La posición de Restrepo se conoció meses antes de su nombramiento, luego de pronunciarse sobre la decisión judicial relacionada con el adolescente de 15 años declarado responsable del asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

A través de una publicación en su cuenta de X, cuestionó que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establezca como sanción máxima 84 meses de resocialización, incluso en hechos considerados de extrema gravedad.

Para la futura directora del ICBF, quienes participan en homicidios, sicariatos y otros delitos similares tienen plena conciencia de las consecuencias de sus actos, por lo que considera necesario revisar el alcance de la legislación vigente.

«Los derechos también implican responsabilidades»

Restrepo sostuvo que el reconocimiento de mayores derechos para los adolescentes también debe ir acompañado de responsabilidades frente a la ley.

Según explicó, la propuesta no busca eliminar el sistema especial para todos los menores infractores, sino abrir una discusión sobre aquellos casos en los que existan conductas especialmente graves que generan un profundo impacto en la sociedad.

En ese escenario, plantea que adolescentes desde los 14 años puedan recibir un tratamiento penal similar al de los adultos cuando sean responsables de delitos como homicidios o sicariato.

El argumento: las bandas usan a los menores

Uno de los principales fundamentos de la propuesta gira alrededor del reclutamiento de adolescentes por parte de organizaciones criminales.

De acuerdo con Restrepo, las estructuras delincuenciales conocen las garantías del sistema penal juvenil y, precisamente por ello, utilizan a menores de edad para ejecutar asesinatos y otras acciones violentas, convencidas de que enfrentarán sanciones considerablemente menores que las previstas para un adulto.

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A su juicio, esa realidad obliga a replantear la legislación para evitar que los jóvenes sigan siendo utilizados como instrumentos de las organizaciones ilegales.

Una discusión que apenas comienza

La propuesta ya volvió a instalar uno de los debates más complejos en materia de justicia y seguridad en Colombia.

Mientras algunos sectores consideran que endurecer las sanciones podría reducir el uso de menores por parte de grupos criminales y fortalecer el efecto disuasivo de la ley, otros advierten que cualquier reforma debe preservar el enfoque de protección, rehabilitación y resocialización que inspira el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Por ahora, la iniciativa corresponde a una postura pública de la directora designada del ICBF y no constituye una modificación legal vigente. Para convertirse en realidad, cualquier cambio al régimen penal aplicable a menores de edad tendría que ser debatido y aprobado por el Congreso de la República.