Tras las críticas del presidente Gustavo Petro a la ubicación de la planta en Pozos Colorados, la Alcaldía explicó que el lote fue dispuesto por el propio Gobierno Nacional y que la obra permitirá desahogar el acueducto actual para llevar más agua al norte, donde vive el 75 por ciento de la población.

La polémica generada por el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro desde Montería sobre su desacuerdo respecto al lugar donde se construiría la planta desalinizadora, encendió las alarmas en Santa Marta. Sin embargo, lejos de entrar en un choque político, la Alcaldía salió a entregar explicaciones técnicas y un mensaje de tranquilidad: la planta desalinizadora no será un privilegio para empresarios, sino una solución integral para toda la ciudad.

El secretario de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, precisó que el proyecto fue construido de manera conjunta con el Gobierno Nacional durante los últimos 14 meses y que su ubicación responde a criterios estrictamente técnicos.

“Tenemos que aclararle a toda la ciudad que esta producción de agua desalinizada no es para un sector hotelero. En ese corredor hay más de 10.000 usuarios vulnerables en Gaira, La Paz, Cristo Rey, entre otros barrios que hoy reciben el servicio de forma muy precaria”, explicó el funcionario.

El lote lo dispuso la Nación

Uno de los puntos que más generó inquietud fue quién decidió el lugar de la obra. El Distrito reveló que no fue una imposición local, sino una determinación del mismo Gobierno Nacional.

“Nosotros ofrecimos lotes hacia el aeropuerto, pero por condiciones estratégicas fueron las entidades nacionales las que plantearon usar un predio del Ministerio de Comercio. Hoy ese terreno es producto de una gestión de la Nación con la SAE, Superservicios y Ecopetrol”, detalló Gutiérrez.

Según la Alcaldía, ese punto cuenta con ventajas como la cercanía a redes existentes, disponibilidad de combustible y condiciones que reducen tiempos y costos de ejecución.

Cómo se beneficiará el norte

El argumento central del Distrito es que la desalinizadora permitirá desahogar el acueducto actual. Al producir agua en el sur, las plantas existentes —como El Roble— podrán redireccionar su caudal hacia el norte, donde se concentra la mayor crisis.

“El 75 % de la ciudad vive en el norte y es donde hay mayor afectación. Con esta estrategia, la planta de El Roble podrá abastecer esa zona y, junto con la ampliación del Curval, tendremos un verdadero plan de choque”, indicó el secretario.

La proyección es que la planta del sur produzca 600 litros por segundo, sumados a 20 litros de Taganga, para impactar a cerca de 250.000 habitantes.

Turismo sí, pero primero la gente

El Distrito reconoció que Santa Marta es una ciudad turística y que los hoteles también requieren agua, pero reiteró que la prioridad son los barrios populares.

“La instrucción del presidente Petro siempre ha sido atender a la población más vulnerable y eso es lo que estamos haciendo. El gran volumen de personas sobre la Troncal del Caribe corresponde a comunidades necesitadas”, afirmó Gutiérrez.

Además, explicó que ubicar la planta hacia el Tayrona implicaría bombeos costosos, ausencia de redes y trámites con comunidades ancestrales que alargarían por años la solución.

Parte de tranquilidad

Pese al ruido generado, el Distrito aseguró que el proyecto sigue en pie y que la meta es adjudicarlo en junio.

“Santa Marta requiere una solución definitiva. No podemos desfallecer en este propósito. El cambio climático nos obliga a mirar el agua con visión integral”, sostuvo el funcionario.

También se aclaró que la planta será ambientalmente responsable y que el manejo del rechazo no afectará playas ni ecosistemas marinos.

Un beneficio para todos

La conclusión de la Alcaldía es contundente:

“La desalinizadora no va a beneficiar a un grupo específico, sino a toda la población del sur y, sobre todo, permitirá que el sistema actual lleve más agua a los barrios vulnerables del norte”.

Con la ampliación del Curval se sumarían 280 litros por segundo adicionales, lo que ayudaría a cerrar el déficit de 1.000 litros por segundo que hoy padece la ciudad.

Santa Marta ha esperado décadas una salida real a su crisis de agua. El Distrito insiste en que esta obra es el primer gran paso y que no puede verse como un privilegio, sino como una oportunidad histórica para que, por fin, el agua deje de ser un lujo y se convierta en un derecho para todos los samarios.

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En ese sentido, dejó claro que cualquier intención de frenar el proyecto no afectará a un actor político, sino a toda una población que lleva décadas sufriendo por no recibir el agua en sus hogares.