Desalinizadora de Santa Marta, bajo la lupa: Gobierno denuncia presuntas irregularidades en proyecto de $786.000 millones
La obra llamada a convertirse en una de las grandes soluciones para la histórica crisis de agua de Santa Marta terminó incluida entre los más de 80 casos que el nuevo Gobierno considera irregulares. El proceso contractual fue remitido a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, mientras se revisan actuaciones que presuntamente fueron aceleradas en las últimas semanas de la administración de Gustavo Petro.
Una obra de casi $786.000 millones, concebida para ayudar a resolver uno de los problemas más dolorosos de Santa Marta, terminó bajo la mira. El proyecto de la Planta Desalinizadora quedó incluido entre los casos que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella puso en conocimiento de los organismos de control tras revisar las actuaciones de la administración anterior.
Las alertas se concentran en el proceso contractual y, especialmente, en la rapidez con la que presuntamente avanzaron algunas actuaciones durante las últimas semanas del Gobierno de Gustavo Petro. La situación llevó a que el expediente fuera remitido a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría para determinar si existieron irregularidades.
El caso toca un punto especialmente sensible para Santa Marta: el agua. La ciudad lleva décadas soportando problemas de abastecimiento y había recibido la desalinizadora como una de las grandes apuestas para comenzar a superar esa crisis.
Un proyecto de $786.000 millones entre los hallazgos
La desalinizadora apareció dentro del denominado “Libro de la Verdad”, documento elaborado durante la transición y en el que la nueva administración recopiló más de 80 situaciones que considera deben ser investigadas.
Germán Calderón España, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, confirmó que el proyecto de Santa Marta está entre los casos trasladados a las autoridades competentes.
La iniciativa está relacionada con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, ESSMAR E.S.P., y contempla recursos provenientes del Ministerio de Vivienda. El monto aproximado de $786.000 millones convirtió el proceso en uno de los hallazgos de mayor dimensión económica dentro de la revisión realizada por el Gobierno entrante.Lea aquí: Sin embargo, la aparición del proyecto en este informe no significa que exista una condena ni que judicialmente se haya determinado la comisión de delitos. Lo que existen son señalamientos sobre presuntas irregularidades que deberán ser comprobadas o descartadas por las autoridades.
¿Por qué encendieron las alarmas?
Uno de los aspectos que llamó la atención del equipo encargado de revisar los procesos fue la velocidad con la que habrían avanzado diferentes etapas relacionadas con la licitación y contratación.
Según los hallazgos presentados por la nueva administración, algunas actuaciones se habrían acelerado durante las últimas semanas del Gobierno de Gustavo Petro, circunstancia que despertó dudas sobre las condiciones en las que se pretendía dejar encaminado el millonario proyecto.
El cuestionamiento llevó el asunto más allá de una revisión administrativa. Ahora serán los organismos de control y las autoridades judiciales los encargados de examinar documentos, requisitos, actuaciones y decisiones para determinar si todo se ajustó a las normas.
Procuraduría ordenó frenar preventivamente el proceso
El proyecto ya comenzó a sentir los efectos de la revisión. De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, tras la solicitud de la nueva administración, la Procuraduría ordenó la suspensión preventiva del proceso contractual mientras se analizan aspectos técnicos, financieros y de transparencia.
La decisión busca impedir que la contratación continúe avanzando mientras se establece si las condiciones establecidas cumplen con las exigencias legales.
El caso también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría, entidades que deberán actuar dentro de sus respectivas competencias para establecer si existen elementos que ameriten investigaciones adicionales y eventuales responsabilidades.
$786.000 millones y una obra clave para Santa Marta
El tamaño del proyecto explica buena parte de la atención que ha generado el caso. Son aproximadamente $786.000 millones destinados a una infraestructura presentada como estratégica para enfrentar la escasez de agua que históricamente ha golpeado a Santa Marta.
La desalinizadora busca convertir agua de mar en agua apta para abastecimiento, ofreciendo una fuente adicional para una ciudad cuya demanda ha crecido mientras sus sistemas tradicionales siguen resultando insuficientes.
Por eso, la controversia tiene una dimensión mayor para los samarios. No se trata únicamente de revisar un contrato multimillonario. En juego también está una obra sobre la que se han depositado expectativas para comenzar a resolver un problema que durante años ha obligado a miles de familias a convivir con interrupciones, bajas presiones y dificultades para acceder al agua.
Hace parte de más de 80 casos denunciados
La situación de la desalinizadora fue revelada junto con más de 80 hallazgos recopilados por la administración de Abelardo de la Espriella y presentados en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.
Según la información entregada, la recopilación fue liderada de manera independiente por el equipo del vicepresidente José Manuel Restrepo, después de que el empalme bilateral entre los gobiernos entrante y saliente quedara suspendido en medio de tensiones políticas.
El nuevo Gobierno decidió trasladar los casos que consideró relevantes a los organismos correspondientes para que sean estos los que establezcan si hubo actuaciones contrarias a la ley.
La solución del agua queda a la espera
Santa Marta queda ahora frente a un escenario incómodo. Una de las inversiones más grandes proyectadas para enfrentar su crisis de abastecimiento permanece bajo revisión precisamente por dudas sobre la manera en que avanzó su contratación.
La investigación deberá establecer si las sospechas tienen sustento y determinar qué ocurrirá con el proyecto y los recursos comprometidos. Mientras tanto, la suspensión preventiva abre un periodo de incertidumbre alrededor de una infraestructura que había sido presentada como fundamental para el futuro de la ciudad.
La última palabra la tendrán la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Para Santa Marta, entretanto, la preocupación es doble: que cada peso de los cerca de $786.000 millones sea protegido y que una eventual irregularidad contractual tampoco termine enterrando una solución que la ciudad necesita con urgencia.
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