Aunque el Gobierno cumple la regla fiscal, el ente de control alerta que el peso de la deuda y un presupuesto rígido dejan al Estado con cada vez menos margen. Entre 2029 y 2033 se concentrarán pagos por casi 90 billones de pesos.

Colombia no está incumpliendo la regla fiscal, pero se está quedando sin oxígeno financiero. Esa es la advertencia directa que lanzó la Contraloría General de la República al analizar el nivel de endeudamiento del Gobierno nacional y la forma en que hoy se distribuye el Presupuesto General de la Nación.

El mensaje es claro: el problema ya no es cuánto debe el país, sino qué tan poco margen le queda para invertir. Según el ente de control, aunque la deuda pública se mantiene en el 57 % del PIB —por debajo del tope del 71 %—, la rigidez del gasto está llevando al Estado a un punto crítico.

Un presupuesto prácticamente amarrado
De acuerdo con el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, el 92 % del presupuesto nacional está comprometido en gastos fijos. Servicio de la deuda, pensiones, transferencias y funcionamiento consumen casi todos los recursos, dejando apenas un 8 % disponible para inversión.

En términos prácticos, esto significa que el Gobierno tiene muy poco margen para financiar proyectos sociales, infraestructura o programas estratégicos, incluso en escenarios de emergencia o desaceleración económica.

“La regla fiscal se está cumpliendo, pero el margen de maniobra fiscal es cada vez más estrecho”, advierte el informe.

Las operaciones que encendieron las alarmas

La Contraloría puso la lupa sobre dos operaciones financieras recientes. La primera, realizada en diciembre de 2025 por 23 billones de pesos, consistió en la venta de títulos TES para fortalecer la liquidez del Gobierno. Esta operación no incrementó la deuda, pero evidenció la necesidad de caja del Estado.

La segunda, ejecutada en enero de 2026, sí generó mayor preocupación: la emisión de bonos externos por 4.950 millones de dólares, destinada a cubrir necesidades del presupuesto de este año, incrementó el nivel de endeudamiento y presionó aún más el calendario de pagos futuros.

El verdadero riesgo: los años que vienen
El foco de la alerta está en el mediano plazo. Entre 2029 y 2033, el país deberá enfrentar vencimientos de deuda por cerca de 89,6 billones de pesos. Para la Contraloría, ese escenario exige un esfuerzo fiscal que hoy no está garantizado.

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Si el crecimiento económico no mejora y el recaudo tributario sigue débil, el Estado podría entrar en una etapa en la que prácticamente todos los recursos disponibles se destinen a pagar deuda, dejando la inversión social reducida al mínimo o, incluso, en cero.

Menos recaudo, menos margen
El informe recuerda que en 2025 el recaudo tributario quedó 9,5 % por debajo de la meta, un dato que agrava el panorama. Menores ingresos, combinados con un gasto altamente rígido, estrechan aún más la capacidad de respuesta del Gobierno.

Para la Contraloría, sin una gestión más estricta del gasto y una economía que crezca a mayor ritmo, los próximos gobiernos enfrentarán decisiones incómodas: pagar la deuda o invertir en lo social.