La autoridad ambiental suspendió el funcionamiento de un establecimiento que extraía agua sin autorización, operaba sin permisos y la comercializaba como apta para consumo humano, pese a evidentes fallas sanitarias que ponían en riesgo la salud pública.

Lo que comenzó como una sospecha terminó revelando una operación irregular que llevaba tiempo funcionando en silencio con graves perjuicios a la población de Santa Marta.

Habitantes del sector alertaron sobre un consumo excesivo de agua por parte de una empresa dedicada a su comercialización. La preocupación no era menor: el uso desmedido del recurso estaba afectando la presión y distribución del servicio en el barrio.

Ante la denuncia, incluso respaldada por una acción de tutela, el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) llegó hasta el lugar y encontró lo que la comunidad ya intuía: un negocio que operaba con deficiencias e irregularidad.

Captaban agua de forma ilegal

Durante la inspección, la autoridad ambiental confirmó que la empresa H2O The Yahvéun no contaba con ningún soporte que acreditara la legalidad de la captación del recurso hídrico.

No había contrato con la empresa prestadora del servicio, ni facturación, ni medidor autorizado que permitiera verificar el consumo. El agua era extraída directamente del sistema sin reportes ni control.

En la práctica, se trataba de una explotación ilegal de un bien público esencial, sin retribución económica y en abierta violación de la normativa vigente.

Agua “potable” en condiciones críticas

Pero el hallazgo más alarmante no fue solo la ilegalidad.

Las condiciones en las que se procesaba el agua encendieron las alarmas sanitarias. Las imágenes y evidencias recopiladas durante la visita mostraron un panorama preocupante:

• Filtros deteriorados y sin mantenimiento
• Tuberías con presencia de moho
• Albercas sucias con presencia de vectores
• Procesos de almacenamiento y empaque sin condiciones higiénicas
  A pesar de esto, el producto era comercializado como agua potable y distribuido en distintos puntos de Santa Marta.
  El riesgo no era solo ambiental, era directamente contra la salud de quienes consumían ese líquido.

Cierre inmediato del establecimiento
Frente a los hallazgos, el Dadsa ordenó la suspensión inmediata de las actividades e impuso una medida preventiva contra la empresa.

La decisión se sustentó en dos factores clave: la captación ilegal del agua y el incumplimiento total de requisitos sanitarios y legales para su comercialización.

La entidad reiteró que este tipo de prácticas vulneran el derecho colectivo al acceso seguro al agua y afectan tanto al medio ambiente como a la comunidad.

El caso deja al descubierto una problemática de fondo: el aprovechamiento irregular del recurso hídrico en una ciudad donde el acceso al agua sigue siendo un tema sensible.

Mientras algunos sectores enfrentan dificultades en el suministro, otros lo explotan sin control ni regulación.

El Dadsa hizo un llamado a la ciudadanía y a los empresarios para garantizar el uso responsable del agua, recordando que se trata de un bien público que no puede ser manipulado sin cumplir las normas.

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El cierre de esta empresa no solo frena una operación ilegal. También deja una advertencia clara: detrás de productos que parecen cotidianos, como el agua empacada, pueden esconderse prácticas que ponen en riesgo la salud y el equilibrio ambiental.

En este caso, fue la comunidad la que encendió las alarmas y gracias a esa denuncia, un negocio irregular dejó de operar.