Dos centros médicos fueron violentados en menos de 24 horas. La Gobernación del Magdalena presiona a la Fiscalía para judicializar a los responsables y cuestiona la reacción de la Policía ante los hechos.

Los hospitales del Magdalena dejaron de ser lugares seguros. En menos de un día, dos centros asistenciales fueron atacados, destruidos y puestos en riesgo, en una escalada de violencia que ya no es aislada y que golpea directamente a quienes dependen del sistema de salud.

El mensaje institucional llegó con fuerza: esto no puede seguir pasando.

La gobernadora Margarita Guerra exigió a la Fiscalía General de la Nación actuar con contundencia y judicializar a los responsables de una seguidilla de hechos que, según advirtió, amenaza con normalizar la violencia contra la red hospitalaria.

“La Fiscalía debe establecer un precedente contra los vándalos que amenazan y destruyen al personal y los hospitales en el Magdalena”, afirmó.

Dos ataques, un mismo patrón

El caso más reciente ocurrió en el Hospital San Cristóbal de Ciénaga. Allí, áreas críticas como urgencias fueron vandalizadas, dejando daños en la infraestructura y afectando equipos médicos indispensables para la atención de pacientes.

No fue un hecho aislado.

Horas antes, el hospital de Algarrobo ya había sido blanco de un ataque similar. Dos episodios consecutivos que dibujan un patrón preocupante: agresiones directas contra espacios destinados a salvar vidas.

La consecuencia es inmediata: servicios comprometidos, atención en riesgo y comunidades expuestas.

“Inaceptable”: reclamo directo a la Policía

El pronunciamiento de la Gobernación no solo apuntó a la Fiscalía. También hubo un cuestionamiento frontal a la Policía Nacional por su respuesta frente a estos hechos.

“Es inaceptable la pasividad de la Policía cuando se le solicita ayuda ante ataques a la red pública hospitalaria y al personal de atención de salud”, señaló la mandataria.

El señalamiento eleva la tensión institucional en medio de una crisis que exige reacción inmediata.

No es vandalismo menor, es una amenaza al sistema

Desde la administración departamental fueron claros: no se trata únicamente de daños materiales.

Cada ataque impacta directamente la capacidad de respuesta del sistema de salud, deteriora la atención y pone en riesgo a pacientes, médicos y personal asistencial.

No hay justificación.

Las autoridades advierten que estas acciones afectan, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables, que dependen de estos centros para recibir atención oportuna.

Refuerzan seguridad, pero la presión está en la justicia

Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación anunció el refuerzo de las medidas de seguridad en hospitales, en coordinación con la fuerza pública.

Sin embargo, el foco está puesto en otro punto: la judicialización.

La exigencia es clara: capturas, procesos y sanciones que frenen una conducta que ya dejó de ser esporádica para convertirse en una amenaza recurrente.

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Mientras tanto, el sistema de salud sigue operando bajo presión, en medio de daños, miedo y la incertidumbre de nuevos ataques.