Con una reforma constitucional respaldada casi en su totalidad por el Congreso, el país habilita la prisión de por vida para delitos extremos y endurece aún más su ya controvertida política de seguridad.

El Salvador selló un cambio histórico en su sistema judicial al aprobar una reforma constitucional que permite la cadena perpetua para los crímenes más graves. La decisión, impulsada desde el poder Ejecutivo y avalada con amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, rompe con una prohibición que durante décadas había marcado el límite del castigo en el país.

“Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, reza la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución.

El giro no es aislado. Llega en medio de una de las ofensivas de seguridad más agresivas de la región, donde capturas masivas, estados de excepción prolongados y cárceles de máxima seguridad se han convertido en piezas clave del modelo impulsado por el presidente Nayib Bukele.

Ahora, el mensaje escala a otro nivel: no solo capturar, sino de encerrar sin fecha de salida.

“Vamos a ver quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, dijo unas horas antes el mandatario en un mensaje compartido en X.

La votación fue tan rápida como contundente. En cuestión de horas, la Asamblea dejó sin margen de maniobra a la oposición: 59 votos a favor, apenas uno en contra. La escena reflejó no solo disciplina política, sino también el peso de una narrativa de seguridad que ha ganado respaldo en amplios sectores de la población, cansados de la violencia que durante años golpeó al país.

Pero el impacto va más allá del número de votos. La reforma rompe una barrera jurídica que durante décadas separó a El Salvador de otros sistemas penales más severos.

Es un cambio de fondo: el castigo ya no tiene techo para ciertos delitos.

Desde el Congreso, la medida fue defendida como una herramienta necesaria frente a crímenes que han dejado huellas profundas en la sociedad. La vicepresidenta parlamentaria, Suecy Callejas, dejó claro el objetivo central de esta decisión.

Con ello se busca que los criminales “no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre«, dijo Suecy Callejas, vicepresidenta parlamentaria.

En las calles, el anuncio genera reacciones mixtas. Para algunos, representa una sensación de justicia largamente esperada, una respuesta contundente frente a delitos que marcaron generaciones. Para otros, abre interrogantes sobre los límites del poder del Estado y el riesgo de cerrar completamente la puerta a la reinserción.

Lea aquí: Un Mini Cooper de 175 millones: el regalo de 15 años de Andrea Valdiri a su hija que desató revuelo

El Salvador, que hace pocos años figuraba entre los países más violentos del mundo, ahora se posiciona como uno de los más estrictos en materia penal. El cambio no solo endurece las penas, también envía un mensaje simbólico: quien cruce ciertas líneas, desaparecerá del espacio público para siempre.