El Gaula lanzó una ofensiva directa contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra señaladas de cobrar vacunas de hasta un millón de pesos a comerciantes. La operación golpea las finanzas criminales que venían estrangulando la economía local.

En Santa Marta comenzó lo que las autoridades llaman una ofensiva frontal contra quienes durante meses —y en algunos casos años— venían imponiendo el miedo como modelo de negocio. El Gaula de la Policía Nacional ejecutó una batida simultánea que terminó con ocho presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) capturados por orden judicial, señalados de convertir el comercio samario en una fuente permanente de renta criminal.

La operación no fue aislada. Fue la respuesta directa a una directriz del alcalde Carlos Pinedo Cuello tras los reiterados consejos de seguridad donde comerciantes denunciaron que trabajar en la ciudad se había convertido en pagar para sobrevivir.

La operación que golpeó las finanzas criminales

Bajo el nombre de Operación Caribe, unidades del Gaula desplegaron allanamientos y seguimientos que permitieron capturar a: Ángel Freile

Divis Peña; Andrés Villanueva; Jordy Ramírez; Juan Hernández; Steven Rodríguez; Luis Miranda y Diego Arciniega.

Todos son investigados por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, delitos que, según la Policía, sostenían parte de la estructura financiera de las ACSN en Santa Marta.

Las investigaciones revelaron un esquema sistemático: comerciantes obligados a pagar una “matrícula” inicial y luego cuotas mensuales que podían alcanzar el millón de pesos. Negarse significaba amenazas, cierres forzados o ataques.

No era un cobro ocasional. Era un sistema organizado.

Durante los operativos fueron incautados elementos utilizados para coordinar las exigencias económicas y mantener comunicación con la red criminal.

El negocio de vender deudas y sembrar miedo

Entre los capturados sobresale alias “Andrés”, señalado de comercializar deudas extorsivas para financiar la organización, una modalidad que evidencia el nivel de estructuración alcanzado por el grupo ilegal.

También fue detenido alias “El Bache”, quien presuntamente tendría conexiones con el brazo sicarial “La Urbana”, encargado de ejecutar presiones violentas contra quienes se resistían a pagar.
Para los investigadores, la red no solo cobraba dinero: administraba el miedo como mecanismo de control territorial.

La caída del cerebro financiero

El golpe reciente se suma a la captura previa de Kevin Martínez, alias “El Mello” o “Andrés”, considerado cabecilla financiero de la estructura en la zona oriental de Santa Marta y el municipio de Ciénaga.

Según Inteligencia Policial, este hombre coordinaba actividades criminales que generaban rentas superiores a 185 millones de pesos mensuales, recursos que alimentaban la expansión del grupo hacia Magdalena y Cesar.

Bajo su mando operaban cerca de 26 integrantes dentro de una organización dirigida por alias “Flash” o “Comando 200”, uno de los principales jefes armados en la Sierra Nevada.

La Policía sostiene que su captura debilitó significativamente la capacidad económica de la estructura, aunque reconoce que la disputa territorial continúa.

Un comercio atrapado entre trabajar o pagar

La ofensiva policial llega en un momento crítico para Santa Marta, donde sectores comerciales habían denunciado un aumento silencioso de las extorsiones, especialmente en zonas turísticas y corredores económicos.

Pequeños negocios, restaurantes, transportadores y prestadores de servicios eran presionados bajo un mismo mensaje: pagar para poder operar.

La estrategia del Gaula ahora busca romper ese ciclo.

“El objetivo es afectar directamente las finanzas de estas estructuras delincuenciales”, aseguró el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana, quien reiteró el llamado a denunciar a través de la línea 165 bajo absoluta reserva.

La guerra contra la extorsión apenas comienza

Aunque las capturas representan uno de los golpes más amplios recientes contra las ACSN en la ciudad, las autoridades admiten que el fenómeno no desaparece de un día para otro.

La extorsión en Santa Marta dejó de ser un delito aislado para convertirse en una economía criminal paralela que financiaba estructuras armadas y consolidaba control territorial.

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Ahora la apuesta institucional es sostener la presión operativa.