Con la entrada en vigencia de la Ley 2384 de 2024, los auxiliares de Policía comenzaron a recibir en 2026 un salario equivalente al mínimo legal vigente, poniendo fin a décadas de pagos precarios a jóvenes que, desde los 18 años, sostuvieron funciones clave de seguridad sin una remuneración justa.

Durante años, Colombia sostuvo una práctica que rozaba la normalización del abuso laboral: exigir disciplina, turnos extensos y responsabilidad institucional a jóvenes recién salidos del colegio, mientras se les pagaba una bonificación que no alcanzaba para cubrir lo básico. Vestían uniforme, cumplían órdenes y respondían por la seguridad en estaciones, calles y eventos públicos, pero no eran reconocidos como trabajadores.

Esa contradicción fue regla. Servir sí, cobrar no.

El modelo se mantuvo por décadas. Auxiliares de Policía que dependían económicamente de sus familias para poder cumplir un servicio obligatorio que, en la práctica, les impedía estudiar, trabajar o generar ingresos adicionales. En 2020, la bonificación rondaba los 640.000 pesos, una cifra insuficiente incluso para transporte, alimentación y necesidades mínimas. Los aumentos posteriores fueron marginales, siempre por debajo del costo real de vida.

La precariedad no era un efecto colateral: era estructural.

Con la implementación de la Ley 2384 de 2024, esa lógica comenzó a desmontarse. En 2026, los auxiliares reciben 2.614.000 pesos, correspondientes al salario mínimo legal vigente. El dato marca un quiebre histórico: por primera vez, el Estado reconoce que el servicio auxiliar no es voluntariado encubierto ni simple formación cívica, sino trabajo real, con exigencias reales.

Trabajo que implica riesgo, horarios estrictos, exposición a situaciones de conflicto y responsabilidad directa sobre la seguridad ciudadana.

El ajuste no fue inmediato ni espontáneo. Antes hubo incrementos parciales y presiones acumuladas que dejaron en evidencia una verdad incómoda: no se puede construir seguridad sobre la precarización de jóvenes. No se puede exigir compromiso institucional a quien no logra cubrir sus gastos básicos. Y no se puede hablar de respeto a la autoridad cuando esa misma autoridad paga miseria.

El impacto del cambio va más allá del salario. Un ingreso digno reduce la deserción, mejora la motivación, fortalece la disciplina y eleva la autoestima de quienes cumplen el servicio.

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También envía un mensaje claro a la sociedad: el servicio al país no debe pagarse con sacrificio silencioso ni con carencias normalizadas.