El proyecto aprobado en primer debate busca sancionar dos conductas viales específicas mediante videos de celular enviados por la ciudadanía a una plataforma digital oficial, quedando a un solo paso de convertirse en norma.

El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un proyecto de acuerdo diseñado de forma específica para combatir la ocupación ilegal del espacio público y el riesgo vial en la capital.

El enfoque central de esta iniciativa legislativa local radica en habilitar un mecanismo técnico para que las autoridades impongan sanciones económicas y de tránsito basándose en los registros audiovisuales que capturen los ciudadanos comunes.

La medida apunta de manera directa a frenar dos conductas específicas que se repiten diariamente en las vías: los automóviles que estacionan en lugares indebidos y los motociclistas que transitan por las zonas peatonales de la ciudad.

El núcleo del procedimiento legal propuesto consiste en transformar las cámaras de los dispositivos móviles personales de los ciudadanos en herramientas de fiscalización con validez jurídica.

Para que este sistema de recaudo de pruebas entre en operación, el articulado establece que la Secretaría de Movilidad de Bogotá tendrá la obligación técnica de desarrollar e implementar una aplicación digital especializada.

A través de este canal virtual, las personas podrán cargar los videos y el material probatorio que recopilen en las calles de manera inmediata al presenciar una infracción. Para que esta propuesta adquiera fuerza de norma oficial y comience su aplicación real en el Distrito, el texto del proyecto debe ser sometido a un segundo y último debate ante la plenaria de la corporación.

Según lo detallado por la ponencia en el cabildo de la capital, solo resta superar esta ratificación final para que el mecanismo quede en firme.

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Una vez que se complete este trámite legislativo, el material audiovisual que sea enviado por la ciudadanía mediante la aplicación será clasificado y quedará sujeto a la revisión técnica y jurídica exclusiva de las autoridades de tránsito competentes, quienes determinarán la apertura de cada proceso contravencional.