Los videos del castigo colectivo contra un menor señalado por el homicidio de la niña Shelsy Navarro en Mingueo ya están en poder de las autoridades. Quienes participaron en la retención, agresión y posterior asesinato podrían enfrentar cargos que van desde secuestro hasta homicidio agravado.

La rabia desbordada terminó convirtiéndose en otro crimen. En el corregimiento de Mingueo, en La Guajira, la muerte de la niña Shelsy Navarro desató una reacción violenta de la comunidad que hoy podría acarrear consecuencias judiciales graves. Las autoridades confirmaron que los videos que circularon en redes sociales —donde se observa a un menor retenido, golpeado, humillado y finalmente asesinado— hacen parte de una investigación formal que podría llevar a la judicialización de varias personas.

Según la información oficial, los hechos no solo configuran un caso de justicia por mano propia, sino una cadena de delitos que incluye lesiones personales, secuestro simple, sustracción de menor de edad y homicidio agravado. El material audiovisual está bajo cadena de custodia y es analizado de manera minuciosa para identificar a cada uno de los participantes.

Las grabaciones muestran escenas de extrema violencia. Un joven atemorizado, rodeado por adultos, suplica que no lo maten. En varios momentos se le escucha negar su responsabilidad en el crimen de la menor y pedir que investiguen antes de seguir golpeándolo. “No fui yo, déjenme decir la verdad”, se escucha decir en uno de los videos que hoy es prueba clave del proceso.

Para las autoridades, lo ocurrido marca una línea roja. Aunque reconocen el dolor, la indignación y el rechazo que provocó el asesinato de Shelsy Navarro, fueron enfáticos en señalar que ninguna circunstancia justifica la violencia colectiva ni la sustitución de la justicia por el castigo brutal.

“La comunidad actuó sin estar completamente segura de que este era el asesino. La justicia a mano armada no se puede permitir bajo ninguna condición”, advirtió el secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velásquez, al confirmar que toda la institucionalidad está volcada en esclarecer no solo el homicidio de la niña, sino también los hechos posteriores.

Uno de los puntos más graves del caso es que la intervención de las autoridades fue impedida. La comunidad retuvo al menor, lo trasladó, lo agredió y evitó que se activara un procedimiento judicial que garantizara el debido proceso y permitiera establecer con certeza su participación en el crimen.

La Policía Nacional confirmó que las personas que aparecen en los videos podrían ser citadas a declarar, imputadas o vinculadas formalmente a procesos penales, en la medida en que se comprueben responsabilidades individuales. Ningún rostro grabado, ninguna voz registrada, quedará por fuera del análisis.

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Hoy, Mingueo no solo llora la muerte de una niña. También enfrenta un grave lío judicial que puede marcar a toda una comunidad. La tragedia inicial derivó en otra: la del linchamiento, la violencia descontrolada y la justicia convertida en espectáculo, cuyos responsables ahora deberán responder ante la ley.