El enfrentamiento entre diputados convirtió la sesión en un campo de batalla, con insultos, gritos y señalamientos que impidieron cualquier debate productivo.

La Asamblea del Magdalena se convirtió este jueves 6 de marzo en un escenario de tensión y enfrentamientos verbales entre sus miembros, al punto de que la sesión por poco termina en agresiones físicas.

La controversia gira en torno a la elección de la mesa directiva, cuya legalidad ha sido cuestionada y mantiene divididos a los diputados en dos bandos irreconciliables.

El caos estalló cuando la diputada Rosita Jiménez asumió la presidencia de la Corporación, alegando respaldo de un fallo del Consejo de Estado. Su decisión desató la furia de los diputados afines al gobernador Rafael Martínez, quienes argumentan que el reglamento interno otorga la dirección de la sesión al diputado Edgar Arias, quien presidió el miércoles tras la suspensión temporal de la mesa directiva.

Los reclamos y señalamientos no se hicieron esperar. La diputada María Margarita Guerra calificó a Jiménez de “usurpadora de funciones” y “atrevida”, mientras que Yohan Pinedo, Rafael Noya, María del Socorro Charris y el propio Arias exigían su derecho a presidir la sesión, elevando el tono del debate.

Ante la creciente confrontación, Jiménez solicitó la intervención de la Fuerza Pública para desalojar a los diputados que se oponían a su nombramiento, lo que intensificó aún más el ambiente hostil dentro del recinto.

Sus detractores interpretaron esta acción como un intento de silenciarlos, mientras que sus aliados defendieron la necesidad de imponer orden.
Más allá del enfrentamiento político, lo que quedó en evidencia es la profunda fractura dentro de la Asamblea, donde el debate ha sido desplazado por ataques personales y pugnas de poder. Mientras tanto, el Tribunal Administrativo del Magdalena ha reiterado que la solución debe pasar por una nueva elección de la mesa directiva, pero la falta de consenso entre los diputados sigue postergando cualquier resolución.

Entre gritos, acusaciones y la intervención de la Fuerza Pública, la Asamblea Departamental del Magdalena se encuentra sumida en una crisis que parece lejos de resolverse, mientras los ciudadanos ven cómo los intereses políticos se anteponen a las verdaderas necesidades del departamento.