Más de 15 sobrevivientes del conflicto armado en la Sierra Nevada terminaron en urgencias tras consumir alimentos suministrados por la administración de Ciénaga. Lo que era una jornada de ayuda humanitaria se convirtió en una escena de dolor, vómitos y ambulancias.

El auxilio que debía aliviar el hambre terminó llenando de suero las camillas del Hospital San Cristóbal. Quince personas, todas víctimas del conflicto armado y refugiadas en un hogar de paso del sector Palmor, en la parte alta de la Sierra Nevada, fueron trasladadas de emergencia con síntomas graves de intoxicación luego de consumir alimentos entregados por la Alcaldía de Ciénaga.

Los primeros en llegar al centro asistencial lo hicieron casi arrastrados por sus familiares. Algunos no podían sostenerse en pie; otros se doblaban por los cólicos. En los pasillos se escuchaban quejidos, arcadas y el sonido seco de las bolsas donde muchos seguían vomitando. El personal médico tuvo que activar un protocolo de alerta para atender el flujo repentino de pacientes.

Los reportes clínicos hablaron de dolor abdominal intenso, mareos, debilidad extrema y deshidratación. Enfermeras corrían de una camilla a otra conectando sueros y tomando signos vitales mientras los médicos intentaban estabilizar a quienes llegaron en peor estado. Aunque todos lograron ser controlados, quedaron bajo observación para descartar complicaciones.

Los alimentos habían sido repartidos horas antes como parte de una supuesta jornada de asistencia humanitaria para esta población desplazada. Nadie imaginó que ese plato, recibido con gratitud por familias que han cargado años de desarraigo, se convertiría en un nuevo golpe.

Las preguntas empezaron de inmediato: ¿quién preparó la comida?, ¿en qué condiciones fue transportada?, ¿se respetó la cadena de frío?, ¿hubo controles sanitarios? Mientras los pacientes se retorcían de dolor, afuera del hospital crecían las versiones de que los productos ya tenían mal olor cuando fueron servidos.

Autoridades sanitarias y entes de control abrieron una investigación para rastrear el origen de los alimentos, inspeccionar a los proveedores y revisar los protocolos de manipulación. Funcionarios de salud ambiental iniciaron visitas a centros de acopio y rutas de distribución en busca de la falla que desató la emergencia.

La indignación es mayor porque los afectados pertenecen a una de las poblaciones más frágiles del territorio: hombres y mujeres que sobrevivieron a la violencia, al desplazamiento y al abandono estatal. Para ellos, la ayuda oficial era una promesa de dignidad, no un riesgo para su vida.

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Desde la Alcaldía aún no hay una explicación de fondo. Se espera un pronunciamiento que responda quién falló y qué garantías habrá para que la comida destinada a los más pobres no vuelva a convertirse en veneno.