La falta de respuestas oficiales y la desaparición del documento clave que respaldaría parte del presupuesto mantienen bajo sospecha el millonario contrato, mientras crecen los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso y el posible uso irregular de recursos públicos.

Persisten las dudas alrededor del contrato por cerca de $10.000 millones para la instalación de cámaras de seguridad en el municipio de Salamina, luego de que, a la fecha, la Alcaldía no haya presentado públicamente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que respalde los $1.000 millones que le correspondería aportar al ente territorial.

La alerta fue reiterada por Gennys Álvarez, quien explica, que el proyecto fue contratado el 29 de enero pese a que sólo existía soporte para $9.000 millones, que fueron girados por el Gobierno nacional.

Según la denuncia, con un dudoso CDP licitaron y adjudicaron el proyecto. El documento hoy no aparece por ningún lado, luego que Álvarez alertara a los entes de control. Hay un vacío que no ha sido explicado.

“El contrato compromete casi $10.000 millones, pero el presupuesto acreditado no cubre la totalidad. ¿De dónde saldrá el dinero restante, será que le mintieron al Ministerio del Interior? De ser así, contrataron las Cámaras sin el lleno de requisitos y eso es causal de nulidad”, explica Álvarez.

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Las inconsistencias plantean interrogantes que, a juicio del denunciante, deberían evaluar la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía: ¿Se firmó el convenio sin tener asegurados todos los recursos? Hasta el momento, la Alcaldía de Salamina sigue guardando silencio frente a las denuncias y no ha explicado públicamente de dónde saldrán los recursos faltantes para completar el contrato. Entre tanto, el caso sigue generando inquietud entre los salamineros.