Operativos inesperados dejaron más de 30 vehículos intervenidos tras denuncias ciudadanas por fallas mecánicas, irregularidades y riesgos para los pasajeros. La administración distrital advierte que no permitirá que se siga transportando vidas en condiciones precarias.

Durante años, miles de samarios se han subido a busetas sin saber si llegarán bien a su destino. Frenos dudosos, carrocerías deterioradas, conductores compitiendo y vehículos que sobreviven más por costumbre que por condiciones técnicas.

La alcaldía se propuso a poner fin a todas esas situaciones de riesgo y lideró una intervención de frente a uno de los servicios más cuestionados por la ciudadanía: el transporte público colectivo.

Sin previo aviso, la Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible llegó hasta los despachos de las empresas y abrió inspecciones sorpresa.

Los agentes llegaron con una advertencia: no más improvisación ni vehículos circulando en condiciones que pongan en riesgo la vida de los pasajeros.

Más de 30 busetas de Transportes Bastidas y Consorcio Ziruma fueron intervenidas durante los operativos, en los que autoridades revisaron desde el estado técnico-mecánico hasta la documentación legal de cada unidad y la habilitación de los conductores.

La escena fue incómoda para algunos operadores. Funcionarios revisando llantas, sistemas de frenos, papeles y licencias mientras conductores y propietarios observaban cómo, por primera vez en mucho tiempo, el control llegaba sin anuncio previo.

El transporte bajo la lupa

Las inspecciones no surgieron al azar. Según la administración distrital, las acciones responden a múltiples reportes ciudadanos que denunciaban irregularidades constantes en la prestación del servicio.

Usuarios habían advertido sobre busetas en mal estado, fallas mecánicas recurrentes y condiciones que, más que incomodidad, representaban un riesgo real en las vías de la ciudad.

Por eso los operativos se concentraron en rutas y empresas con mayores quejas acumuladas.
Durante las verificaciones, las autoridades evaluaron:

• Condiciones técnico-mecánicas de los vehículos.
• Legalidad de la operación del servicio.
• Documentación obligatoria.
• Idoneidad y habilitación de los conductores.
  

El objetivo, según la Alcaldía, no es sancionar por sancionar, sino obligar a corregir fallas estructurales que durante años fueron toleradas.

Compromisos bajo vigilancia

Tras las inspecciones, las empresas y propietarios adquirieron compromisos formales para corregir las irregularidades detectadas. Sin embargo, la administración fue clara: no se trata de una advertencia más. Habrá seguimiento riguroso.

La Alcaldía aseguró que no permitirá la circulación de vehículos que incumplan las normas o representen peligro para los usuarios, dejando abierta la puerta a sanciones si las mejoras no se materializan.

El mensaje institucional fue contundente: transportar pasajeros no es un favor ni un negocio sin control; es un servicio público que implica responsabilidad directa sobre la vida de cientos de personas cada día.

Una deuda histórica con los usuarios

El transporte público colectivo ha sido durante años una de las principales fuentes de inconformidad en Santa Marta. Quejas por el estado de las busetas, conducción riesgosa y falta de controles han sido constantes sin que se percibieran cambios sostenidos.

Ahora la administración distrital busca recuperar la confianza ciudadana mediante operativos permanentes y sorpresivos.

La estrategia apenas comienza, pero marca un cambio en la supervisión: la autoridad dejó de advertir y empezó a intervenir.

Porque detrás de cada buseta no solo hay una ruta o un horario. Hay vidas.

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Y la ciudad decidió, al menos por ahora, dejar de normalizar que se sigan movilizando en vehículos que no garantizan llegar seguros a casa.