Indignación en la comunidad ante la falta de gestión para evitar el corte de energía a los acueductos.

Mientras la empresa Afinia procedía con el corte de energía a los cinco acueductos de Ariguaní por una deuda acumulada de más de 11.900 millones de pesos, la alcaldesa María Paola Álvarez se encontraba celebrando en medio de los carnavales, ajena a la angustia de los más de 50.000 habitantes que dependen del servicio de agua potable.

La imagen de una comunidad desesperada intentando evitar la suspensión del servicio contrasta con la indiferencia de la mandataria, generando indignación entre los ciudadanos y líderes locales.

La situación, que venía gestándose desde hace más de nueve años, alcanzó su punto crítico cuando la empresa Afinia decidió desconectar el suministro eléctrico, al no recibir ningún pago por parte de la Alcaldía.

Mientras habitantes de la cabecera municipal y los corregimientos afectados intentaban frenar la medida, la alcaldesa participaba en actividades festivas, sin emitir un pronunciamiento oportuno ni gestionar soluciones inmediatas para evitar el corte.

La comunidad en pie de lucha, la alcaldesa ausente
Desde temprano, residentes de Ariguaní se congregaron cerca de los acueductos, exigiendo que no se cortara la energía. «Esto es un derecho fundamental, no podemos permitir que nos dejen sin agua», exclamaba uno de los líderes comunales, mientras que otros pedían la intervención inmediata de la Gobernación y del Gobierno Nacional.

Sin embargo, la respuesta de la mandataria llegó tarde y sin un plan concreto para resolver la crisis. En un video difundido posteriormente, la alcaldesa admitió la millonaria deuda, pero argumentó que el municipio no tiene cómo pagarla. “Es impagable para una administración de sexta categoría”, dijo, solicitando ayuda del Gobierno Nacional.

Su reacción fue considerada insuficiente por la comunidad, que esperaba una gestión efectiva para evitar el corte del servicio. «Si tenían nueve años sin pagar, ¿por qué no intentaron negociar antes? Ahora que nos cortan la luz es que empiezan a pedir ayuda», reclamó un residente.

Responsabilidades políticas y falta de gestión
El gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, no tardó en pronunciarse, responsabilizando directamente a las tres últimas administraciones municipales, todas pertenecientes a la misma línea política. «No sorprende que ahora estén desmemoriados con sus socios políticos y clamen por una crisis humanitaria, cuando son ellos mismos los que permitieron que la deuda creciera hasta este punto», expresó.

Por su parte, la diputada Candy Sánchez hizo un llamado urgente a la Gobernación para que intervenga y ayude a encontrar una solución, ante la evidente falta de acción de la Alcaldía.

Mientras tanto, la empresa Afinia anunció que procederá legalmente contra los responsables de la reconexión ilegal del servicio, acción considerada un delito en el Código Penal Colombiano, con penas de hasta 72 meses de prisión. «Aplicaremos todas las medidas legales posibles, pues esta situación pone en riesgo no solo la infraestructura del servicio, sino a la comunidad en general», advirtió la compañía.

Un problema anunciado, una comunidad en crisis
La crisis del agua en Ariguaní no es nueva, pero lo que más ha indignado a la población es la falta de previsión y gestión para evitar que la situación llegara a este punto. La imagen de una comunidad luchando por no perder el acceso al agua, mientras su alcaldesa celebraba en carnavales, ha generado rechazo y cuestionamientos sobre la capacidad de liderazgo en el municipio. Hoy, el futuro del abastecimiento de agua en Ariguaní sigue en la incertidumbre.

La Alcaldía no ha presentado una solución concreta para saldar la deuda y la comunidad, cansada de promesas incumplidas, exige acciones inmediatas para garantizar el acceso a un servicio básico y fundamental.