La Alcaldía adjudicó en plena época electoral un contrato para 140 cámaras de seguridad en un municipio que no es crítico en orden público. La denuncia del periodista Gennys Álvarez destapó un proyecto copiado, sobrecostos, falta de estudios técnicos y una contratación exprés que ignora las necesidades reales de Salamina.

En Salamina no hay agua estable, las calles parecen un mapa de grietas, el hospital sobrevive con lo mínimo y lo que sobran son las necesidades y problemáticas. Aun así, el alcalde Edwin Pavón decidió gastar 10 mil millones de pesos en cámaras de seguridad que, según los propios registros oficiales, no son una urgencia para el municipio.

El contrato fue adjudicado en días de elecciones y festividades, cuando el pueblo estaba distraído. La denuncia la hizo el periodista Gennys Álvarez Navarro, quien reveló que el proyecto de 312 páginas es un copia y pega del presentado el año pasado en el municipio de Pedraza y que se justificó con estadísticas viejas del conflicto armado, ignorando que la Policía Nacional no considera hoy a Salamina como zona crítica de inseguridad.

El negocio se financia con recursos del convenio 2353 de 2025: $9 mil millones del Ministerio del Interior a través de Fonsecón y $1.000 millones del propio municipio, plata que pudo terminar en programas y proyectos de mayor relevancia y urgencia, pero terminó amarrada a un sistema de vigilancia sin estudios serios.

El periodista encontró que el proyecto no tiene mapa de calor, es decir, no existe un análisis técnico que diga dónde deben ir las 140 cámaras. Se compraron ojos sin saber qué van a mirar. Además, aseguró que “el valor por unidad supera ampliamente los precios del mercado, lo que apunta a un posible sobrecosto millonario”.

La adjudicación quedó en manos de la Unión Temporal Circuito Sala, representada por César David Gómez Pertúz. Álvarez detalló en sus redes sociales que “en el consorcio aparece una empresa de construcción sin experiencia en tecnología de seguridad, mientras quedaron por fuera firmas con trayectoria en más de 26 municipios. Para rematar, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal fue expedido manualmente, por fuera del software contable y del funcionario encargado, un procedimiento que huele a maniobra”.

La comparación desnuda el absurdo: Santa Marta, catorce veces más grande, montó una sala de seguridad moderna por 7 mil millones. Salamina, con barrios sin alcantarillado, pretende gastar 10 mil.

Hasta hoy el alcalde no ha dado la cara. El silencio oficial contrasta con la indignación de la gente que sigue cargando baldes, sin parques y en precarias condiciones, viendo cómo la plata pública se va por un tubo que no es el del acueducto.

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Genys Álvarez anunció que llevará las pruebas a la Procuraduría y la Contraloría para frenar el anticipo del 20% del contrato, unos $2.000 millones que podrían perderse antes de que se instale la primera cámara. Para él, “esto no es un plan de seguridad sino un asalto al presupuesto en plena temporada electoral”.