Tras la primera mesa de diálogo, las comunidades indígenas acataron el cierre ordenado por Parques Nacionales. La reserva quedó bajo custodia de Policía y Ejército mientras el país espera el próximo 27 de febrero conocer el futuro de la reserva natural.

El Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Colombia, amaneció este sábado en silencio. Sin turistas, sin filas en las taquillas y sin mochileros caminando hacia las playas. Solo uniformados, controles y un cierre total. Ahora sí, el parque está cerrado.

Luego de días de tensión, advertencias y posiciones aparentemente irreconciliables, el pueblo Kogui decidió acatar la orden de cierre emitida por Parques Nacionales Naturales y retirarse del control que venía ejerciendo dentro de la reserva. La decisión se produjo tras la instalación de la primera mesa de diálogo institucional, donde las partes acordaron detener la confrontación y abrir un camino de concertación.

El resultado fue inmediato: el Tayrona quedó bajo custodia de la fuerza pública y vigilancia privada, con acceso completamente restringido para visitantes.

Sin enfrentamientos. Sin disturbios. Pero con una sensación evidente de crisis aún sin resolver.

Del pulso territorial al diálogo obligado

Durante toda la semana, las comunidades indígenas habían dejado claro que no abandonarían el parque hasta que el Estado reconociera sus exigencias históricas: participación en la coadministración, garantías de seguridad, reparación para familias afectadas y respeto pleno a sus autoridades ancestrales.

La postura parecía inamovible.

Sin embargo, la intervención institucional cambió el rumbo del conflicto. La Personería Distrital de Santa Marta actuó como garante de derechos humanos y facilitó un escenario de concertación que reunió al gobernador kogui Atanasio Moscote Gil, Parques Nacionales, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y autoridades territoriales.

Allí se pactó una salida temporal: los Koguis acatarían el cierre mientras se construye una hoja de ruta conjunta.

El acuerdo evitó lo que muchos temían: un choque directo entre comunidades indígenas y la fuerza pública en uno de los territorios más sensibles del país.

Un cierre con razones ambientales y políticas

Parques Nacionales defendió la medida argumentando que el cierre, oficializado mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, responde a riesgos ambientales, condiciones climáticas adversas y situaciones que obligan a proteger la integridad del área protegida.

Pero detrás de la decisión también se reconoce una realidad más profunda: el Tayrona atraviesa una discusión histórica sobre quién debe administrarlo y cómo se equilibra la conservación ambiental con los derechos ancestrales.

El pueblo Kogui insistió durante la mesa en la necesidad de avanzar hacia un diálogo “de gobierno a gobierno”, planteando un modelo de participación directa en la gestión del parque y solidaridad con las comunidades campesinas que también habitan el territorio.

El parque vacío y vigilado

La imagen del sábado fue contundente: accesos cerrados, controles policiales y militares y ausencia total de turistas.

Un escenario impensable y que golpea directamente la economía turística de Santa Marta y del Caribe colombiano.

El Tayrona no solo es una reserva natural; es un motor económico para cientos de familias que dependen del flujo constante de visitantes. Su cierre convierte la incertidumbre en preocupación colectiva.

Mientras tanto, las instituciones acordaron mantener presencia permanente en el territorio para garantizar el cumplimiento de la resolución y evitar nuevos episodios de tensión.

La fecha clave: 27 de febreroEl próximo encuentro fue fijado para el 27 de febrero a las 9:00 de la mañana en la Secretaría de Gobierno de Santa Marta. Allí se presentarán propuestas estructuradas que buscarán definir el futuro del parque y establecer una hoja de ruta definitiva.

El Ministerio del Interior actuará como garante del proceso, mientras se estudian medidas de protección para familias indígenas y mecanismos de diálogo con comunidades campesinas del sector.Las partes coincidieron en algo esencial: evitar la estigmatización y manejar con responsabilidad la información frente a la opinión pública.

Una pausa, no una solución

El cierre del Tayrona no representa una victoria para nadie. Es, más bien, una tregua.

Los Koguis se retiraron, el Estado recuperó el control institucional y el parque quedó vacío, esperando decisiones que podrían cambiar su modelo de administración para siempre.

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Por ahora, el santuario natural más importante del Caribe permanece en pausa. Custodiado. Cerrado. Y convertido en símbolo de una discusión histórica que apenas comienza.