El Estado selló un acuerdo con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada para frenar homicidios y abusos contra la población civil. La promesa abre una esperanza en Santa Marta y La Guajira, pero también revive la desconfianza de comunidades que han escuchado compromisos similares antes.

Después de décadas de disparos, amenazas y silencios impuestos por el miedo, el Estado colombiano se sentó frente a quienes durante mucho tiempo han controlado territorios con armas. Este miércoles, el Gobierno firmó un acuerdo con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo señalado de ejercer violencia en Santa Marta y zonas de La Guajira, que ahora promete algo básico pero profundamente revelador: dejar de cometer homicidios.

La firma no ocurrió en medio de celebraciones, sino bajo una atmósfera de cautela. Porque en una región donde la violencia ha sido rutina, las palabras ya no bastan.

Un compromiso sobre el papel

El acuerdo fue suscrito por jefes visibles de la estructura armada, conocidos como alias Muñeca y alias Cholo, quienes asumieron compromisos que, en teoría, buscan reducir la violencia que durante años ha golpeado comunidades rurales, corredores turísticos y zonas estratégicas de la Sierra Nevada.

Según lo anunciado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el grupo armado se comprometió a cesar los homicidios, abstenerse de actos degradantes contra la población civil y respetar la vida en todas sus formas.

El documento establece además obligaciones concretas: no instrumentalizar el proceso con fines políticos o militares y garantizar el respeto hacia personas con especial protección, incluyendo niños, niñas y adolescentes.

Pero el punto más sensible del acuerdo quedó escrito con claridad: las ACSN aseguran que no reclutarán menores y que, en caso de encontrarlos dentro de sus estructuras, deberán facilitar su desvinculación inmediata y entregarlos a las autoridades civiles.

Una promesa que, en territorios marcados por el reclutamiento silencioso, pesa más que cualquier firma.

Una región cansada de la guerra

Santa Marta y amplias zonas de La Guajira han vivido durante años bajo tensiones invisibles para muchos visitantes, pero evidentes para quienes habitan las veredas, corregimientos, rutas rurales y ya hasta en la zona urbana.

Extorsiones, control territorial, amenazas y disputas armadas han sido parte del paisaje cotidiano mientras el turismo crecía y la economía intentaba sostenerse sobre una frágil sensación de normalidad.

Por eso, aunque el anuncio fue presentado como un paso hacia la reducción de la violencia, la reacción en las comunidades mezcla expectativa con incredulidad.

Porque no es la primera vez que se promete paz en la Sierra Nevada.

La apuesta del Gobierno

La Consejería Comisionada de Paz explicó que el acuerdo busca abrir un camino distinto en una región históricamente golpeada por conflictos armados y economías ilegales.

Desde la institucionalidad, el mensaje es el de transformar la relación entre el Estado y estructuras armadas mediante compromisos verificables que reduzcan el impacto directo sobre la población civil.

Sin embargo, el verdadero examen apenas comienza. El documento firmado no cambia por sí solo la realidad en los territorios; serán los hechos —y no las declaraciones— los que definan si el acuerdo tiene futuro.

El anuncio llega en un momento sensible para Santa Marta, donde la seguridad, el turismo y la estabilidad social dependen en gran medida de lo que ocurra en la Sierra Nevada.

Si el compromiso se cumple, podría significar menos homicidios, menos presión armada y mayor tranquilidad para comunidades campesinas e indígenas. Pero si fracasa, el impacto podría profundizar la desconfianza hacia cualquier intento de negociación.

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Hoy, el Estado y un grupo armado firmaron un papel que promete respeto por la vida.