
Acribillaron en la puerta de su casa a alias ‘Yuca’, exjefe del Clan del Golfo: investigan posible disputa entre el ELN y paramilitares
El asesinato del exjefe criminal con un amplio historial de extorsión y narcotráfico en una zona minera del sur del país enciende las alarmas de las autoridades ante una posible disputa armada entre guerrillas y grupos paramilitares por el control del territorio.
Las autoridades investigan si una presunta “vendetta” entre el ELN y grupos paramilitares por el control del territorio está detrás del asesinato de Davinson Beleño San Juan, alias “Yuca”, quien fue acribillado por sicarios en la zona minera del municipio de San Martín de Loba, sur de Bolívar.
Los móviles exactos y los autores del ataque siguen bajo indagación.
El crimen ocurrió cuando Beleño se encontraba sentado en la puerta de su casa, ubicada en el corregimiento de Pueblito Mejía.
En ese momento, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, le dispararon en repetidas oportunidades sin darle opción a reaccionar y huyeron del sitio, provocándole la muerte de manera instantánea por la gravedad de las heridas.
Detrás de este ataque armado, los expedientes oficiales revelan el pasado judicial de la víctima dentro de las estructuras armadas ilegales.
Antiguos reportes de la Policía lo señalaban como cabecilla o jefe de zona de “Los Urabeños” —también conocido como Clan del Golfo—, registrando una captura en el año 2009 por concierto para delinquir y otra en 2011, cuando las autoridades detuvieron a 25 presuntos integrantes de la organización en municipios del sur de Bolívar y en El Banco, Magdalena.
En aquel operativo de 2011, a alias “Yuca” lo ubicaron específicamente como jefe de zona en el corregimiento de Chimí, también perteneciente a San Martín de Loba, donde la Policía indicó que se encargaba de cometer crímenes por encargo y de extorsionar a los comerciantes para mantener financiada a la banda.
Las investigaciones de esa época detallaban que la estructura criminal se lucraba del narcotráfico y de exigencias ilegales a los habitantes de la región, obligando a mineros, ganaderos y comerciantes a pagar cuotas extorsivas para permitir el ingreso de maquinaria a los yacimientos de la zona minera.
Incluso, los informes policiales vinculaban a dicho grupo con el desplazamiento forzado de 72 personas precisamente en el corregimiento de Pueblito Mejía, el mismo escenario donde ahora se registró su homicidio.
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