El mandatario electo confirmó que los líderes de la estructura criminal aceptaron las condiciones de sometimiento bajo las leyes actuales, por lo que ordenó activar de inmediato los mecanismos de seguridad y de investigación judicial para procesarlos.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, le volvió a advertir a los grupos ilegales que tienen menos de treinta días para tomar la decisión de entregarse a las autoridades.

El próximo mandatario fue tajante al advertir que, de lo contrario, las consecuencias serán graves.

“A los demás criminales, les digo claramente, de frente, les quedan menos de un mes para tomar la misma decisión. De lo contrario, lo van a lamentar” indicó.

Este anuncio lo hizo al revelar que su estrategia ya dio los primeros resultados con el grupo delincuencial ‘Los Pepes’, cuyos cabecillas principales manifestaron formalmente su voluntad de someterse a la justicia colombiana.

De La Espriella confirmó que los jefes de esa organización, identificados como Digno José Palomino y Aldair Montealegre, aceptaron el ultimátum del nuevo gobierno y buscarán someterse bajo las leyes actuales.

“Estos bandidos han entendido el ultimátum. Y han manifestado su intención de someterse a la justicia con la ley actual.”

Según el presidente electo, estos dos hombres son los responsables del miedo y la violencia que golpea a los habitantes de Barranquilla y de todo el departamento del Atlántico, por lo que su salida de las calles será el primer paso para devolverle la tranquilidad a la región.

“Sin estos delincuentes en las calles, Barranquilla y el Atlántico podrán comenzar a recuperar la tranquilidad que durante tanto tiempo les fue arrebatada” aseguró De la Espriella.

Tras recibir la notificación de los dos delincuentes, el futuro jefe de Estado explicó cómo será la ruta legal para procesarlos.

Mañana mismo le ordenará al próximo ministro de Defensa que coordine el operativo de seguridad para la entrega.

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De igual manera, De La Espriella hablará directamente con la Fiscal General de la Nación para pedirle que asigne un fiscal especial y un grupo de investigadores que vigilen que todo el proceso judicial se haga de forma transparente y con estricto apego a la ley.