A través de mecanismos legales mantienen una disputa por la defensa de sus derechos sobre este islote al que hace décadas le hicieron inversiones y transformaciones con permisos sobre su uso y aprovechamiento.

Desde hace décadas, la familia Díaz Camargo ha tenido una visión sobre un punto específico de la bahía de El Rodadero: transformar el Morro de Gaira —hoy conocido como Isla Pelícano— en un proyecto turístico sostenible, abierto a samarios y visitantes del mundo. Sin embargo, su deseo ha chocado una y otra vez con decisiones judiciales que los han obligado a defender su iniciativa en los tribunales.

Hoy, con un nuevo pronunciamiento favorable por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena, los herederos sienten que la pelea no está perdida. El recurso de apelación, admitido recientemente, representa una esperanza en medio de una batalla legal marcada por tecnicismos, interpretaciones del derecho internacional y el reconocimiento —o no— de la inversión privada que hicieron sobre ese fragmento del litoral samario.

“Queremos ofrecer un restaurante, un pequeño hotel y una experiencia ambiental única. Un concepto turístico moderno, en equilibrio con la fauna marina que rodea el morro”, explica Gustavo Adolfo Díaz Camargo, vocero de la familia en una entrevista reciente al periódico El Informador. Sostiene que las obras e intervenciones realizadas desde 1958 —cuando su padre empezó a adecuar el lugar para vivienda y buceo— no solo mejoraron la zona, sino que han permitido conservar su riqueza natural.

El plan incluye una reserva ecológica, el uso de tecnologías limpias y una arquitectura que se adapte al entorno. “No es turismo masivo. Es algo pensado para cuidar lo que hay y mostrarlo con responsabilidad”, dice Díaz Camargo al medio citado.

Lo que dice el Estado
No obstante, el Estado colombiano ha sostenido una postura diferente: considera que el lugar es una isla y, como tal, un bien baldío que no podía ser adjudicado.

La familia refuta esa afirmación con estudios científicos y opiniones jurídicas, como la del reconocido experto Enrique Gaviria Liévano, quien ha explicado que el Morro de Gaira no cumple con los criterios de isla establecidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
A esto se suma la crítica a la forma como el Consejo de Estado, en su momento, desechó los dictámenes de expertos como Ricardo Parra Suárez y Georges Vernette, que respaldaban la tesis de que se trata de un morro adjudicable.

La familia también cuestiona que no se haya reconocido el valor de las construcciones existentes, lo que a su juicio configura un enriquecimiento sin causa por parte del Estado.

El camino legal aún es largo, pero los Díaz Camargo no renuncian. No solo por la propiedad que defienden y lo que les representa, sino por la idea que los impulsa: que Isla Pelícano, más allá de un símbolo en disputa, pueda convertirse en un ejemplo de turismo responsable y desarrollo local con enfoque ambiental.

Con una apelación concedida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, la familia Díaz Camargo insiste en que el Morro de Gaira no es una isla sino un bien adjudicable que fue transformado con inversiones privadas desde 1958. Su versión se suma a una larga controversia jurídica por la propiedad del terreno.

La silueta del Morro de Gaira, conocido también como Isla Pelícano, sobresale frente a la bahía de El Rodadero. Para los turistas, es parte del paisaje. Para el Estado, es un bien baldío con características de isla. Y para la familia Díaz Camargo, es una propiedad legítimamente adjudicada que ha sido objeto de años de inversión y cuidado.
El conflicto no es reciente, pero ha tomado un nuevo giro: el Tribunal Administrativo del Magdalena acaba de conceder el recurso de apelación interpuesto por la familia, luego de que en primera instancia se negara su solicitud de reparación económica por las intervenciones que aseguran haber hecho en el lugar.

Gustavo Adolfo Díaz Camargo, uno de los herederos, explicó que ven en esta apelación una oportunidad para que se analice con mayor rigor su posición jurídica. “Nuestra intención nunca fue adueñarnos de algo que no nos correspondiera. Desde 1958 hemos trabajado en el morro y solicitado permisos conforme a la ley”, aseguró en diálogo con EL INFORMADOR.

El reclamo de la familia se enfoca en dos puntos clave: el primero, que el Morro de Gaira no reúne las condiciones para ser considerado una isla según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, argumento respaldado por el jurista Enrique Gaviria Liévano. El segundo, que su adjudicación original fue legal, y que las mejoras realizadas deberían ser reconocidas por el Estado.

Estas mejoras —según Díaz Camargo— incluyen adecuaciones para vivienda, una escuela de buceo y la intención de construir un pequeño hotel y restaurante bajo criterios ambientales. Aseguran que todo fue presentado con permisos y estudios, incluyendo una propuesta de reserva ecológica para proteger la fauna marina.

En el recurso, también se critica que el Consejo de Estado haya desestimado sin motivación suficiente los dictámenes periciales de los expertos Ricardo Parra Suárez y Georges Vernette, quienes concluyeron que el morro era una formación adjudicable y no una isla en términos legales.

Además, los apelantes alegan que hubo un uso fragmentado y fuera de contexto de las interpretaciones doctrinales sobre islas y rocas, lo que afectó la valoración del caso. La familia considera que no se aplicaron los principios del nuevo derecho del mar ni las normas civiles que permiten el reconocimiento de mejoras cuando hay posesión de buena fe.

La cifra en discusión también genera debate. Mientras algunos informes mencionan inversiones por 120 mil millones de pesos, la familia sostiene que el valor real no supera los 50 mil millones y que, en todo caso, el Estado no ha reconocido ninguna compensación por lo ya construido.

Aunque el litigio continúa, este nuevo paso en la vía judicial representa para los Díaz Camargo una oportunidad de que su versión sea tenida en cuenta con mayor profundidad. La historia del Morro de Gaira aún no está cerrada, y el desenlace dependerá de los próximos pronunciamientos judiciales.