Las autoridades ancestrales del pueblo Nasa impusieron una de las sanciones más severas de su justicia propia contra el hombre hallado culpable de desaparecer y asesinar a una niña de 11 años en Caldono, Cauca.

La condena busca castigar el crimen y proteger la vida dentro del territorio indígena Sa’t Tama Kiwe. Le cayó todo el peso de la ley indígena. El hombre señalado de desaparecer y asesinar a una niña indígena de 11 años fue condenado a 50 años de aislamiento, una de las sanciones más duras contempladas por la justicia ancestral del pueblo Nasa.

La decisión fue adoptada por las autoridades del territorio Sa’t Tama Kiwe, tras un proceso comunitario que culminó el 8 de enero de 2026 en una asamblea extraordinaria. Allí, el dolor por la muerte de la menor se transformó en una determinación colectiva: el crimen no podía quedar impune.

El caso ocurrió en el municipio de Caldono, ubicado en el norte del departamento del Cauca, una zona rural y montañosa habitada mayoritariamente por comunidades indígenas Nasa, donde la autoridad ancestral rige la vida social y comunitaria. En ese territorio, la desaparición de la niña encendió todas las alarmas.

La menor fue vista por última vez el 3 de diciembre de 2025, cuando salió de su vivienda rural mientras sus padres trabajaban. Desde entonces, la comunidad inició una búsqueda intensa. Guardias indígenas, comuneros y familiares recorrieron veredas, montañas y quebradas durante semanas, aferrados a la posibilidad de hallarla con vida.

La esperanza se quebró el 28 de diciembre. En un sector montañoso de la vereda Santa Elena fueron hallados restos óseos y prendas de vestir. La madre los reconoció. La búsqueda terminó. El duelo comenzó.

La investigación, captura y judicialización del responsable Con el crimen confirmado, las autoridades ancestrales activaron sus mecanismos propios de investigación y juzgamiento, siguiendo el atxahn y la ley de origen del pueblo Nasa. El proceso avanzó con la participación de la comunidad, que exigía una respuesta firme frente a una violencia que golpeó a una niña y estremeció a todo el territorio.

La asamblea ubicó, detuvo y declaró responsable del asesinato a Marino Perdomo, comunero residente en la vereda Santa Elena. Como sanción, se ordenó su aislamiento por 50 años en la Penitenciaría de San Isidro, medida entendida como un remedio ancestral para proteger la vida y evitar que un hecho similar vuelva a repetirse dentro del territorio indígena. La sentencia también estableció responsabilidad por omisión para los comuneros Jaime Campo Caviche y Jaime Campo Puyo, quienes deberán cumplir un proceso de armonización durante 10 años en un centro definido por la autoridad indígena, bajo acompañamiento espiritual y comunitario.

Además de las sanciones, el fallo incluyó rituales de armonización y sanación del territorio, liderados por el consejo de mayores. Estos actos buscan reparar el daño causado, acompañar a la familia de la menor y restablecer el equilibrio espiritual y social violentamente quebrantado por el crimen.

Las autoridades ancestrales fueron claras: ninguna condena devuelve la vida de la niña. Sin embargo, afirmaron que la justicia indígena actúa desde la defensa de la vida, la memoria y la responsabilidad colectiva.

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El crimen dejó una herida profunda en Caldono y en el pueblo Nasa. Al mismo tiempo, envió un mensaje contundente: en el territorio Sa’t Tama Kiwe, la violencia contra los niños recibe la sanción más severa y no queda sin respuesta.