Según una activista indígena a pesar de la graves conductas que cometió el extranjero contra la menor, la justicia ha sido lenta y blanda contra el extranjero que fue capturado 10 meses después de su conducta contra la adolescente Wayuu.

El caso de la niña wayú de 13 años que fue secuestrada y sometida a torturas en un hostal de Taganga sigue generando conmoción y un creciente llamado a la justicia. Recientemente, la abogada y activista indígena Estercilia Simanca anunció que asumirá la representación de la menor y su familia, criticando la lentitud del proceso judicial contra el ciudadano canadiense Andy Asselin, principal implicado en el caso.

Simanca enfatizó que las autoridades han sido demasiado ligeras en el tratamiento del caso, a pesar de la gravedad de las acusaciones. “La justicia no puede ignorar que se trata de una niña perteneciente al pueblo wayú, quien, bajo la sentencia T-302 de 2017, es reconocida como sujeto de especial protección. El Estado debe garantizar su integridad física, cultural y emocional”, manifestó.

Un proceso demorado y lleno de interrogantes

El caso, que salió a la luz pública el pasado 12 de enero tras la captura de Asselin en el aeropuerto de Cartagena, ha generado cuestionamientos sobre el tiempo que tomó la detención del extranjero. A pesar de que el canadiense había estado moviéndose entre Santa Marta y Cartagena durante meses, su aprehensión solo ocurrió casi un año después de que se hallara a la menor en condiciones inhumanas en el hostal Chillin Spot, propiedad de Asselin.

La abogada hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que, además del delito de secuestro simple agravado, se impute el delito de tortura. “La menor fue quemada, rapada y despojada de sus cejas, actos que no solo atentan contra su cuerpo, sino también contra su identidad cultural”, señaló Simanca.

El contexto del hallazgo

El 14 de marzo de 2023, la menor fue encontrada amarrada de pies y manos en una habitación del hostal, después de que los propietarios del inmueble recuperaran el lugar tras finalizar el contrato de arrendamiento con Asselin. De inmediato, se notificó a la Policía, que lanzó la búsqueda del extranjero, quien fue detenido al intentar salir del país.

Asselin enfrenta cargos por secuestro simple agravado y estaba siendo buscado por Interpol con una notificación azul. Sin embargo, las autoridades aún investigan cómo llegó la menor al hostal y por qué permaneció allí en condiciones tan atroces. Fotografías en las redes sociales del canadiense, donde aparece acompañado de una niña, han levantado más sospechas sobre sus posibles actos ilícitos.

Un llamado urgente a la protección de los niños wayú

Simanca también alertó sobre el éxodo de menores wayú hacia ciudades de la región Caribe, donde muchos son vistos en situaciones de vulnerabilidad, alejados de la protección especial que les otorga la sentencia T-302. La abogada exigió un censo que permita identificar a estos niños y garantizar sus derechos.

“Los menores wayú están siendo ignorados por las instituciones. Es fundamental que entidades como el ICBF y las Secretarías de Asuntos Indígenas trabajen de manera coordinada para protegerlos. No podemos permitir que esta situación siga ocurriendo”, afirmó.

Exigencias a las autoridades

En una carta dirigida a la Fiscalía, al ICBF y a la Secretaría de Asuntos Indígenas del Magdalena, Simanca exigió que se active una ruta especial de atención para la menor, enfatizando que su condición como niña indígena exige un tratamiento diferenciado.

La activista también cuestionó la falta de articulación entre las instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños indígenas. “Es preocupante que esta niña y su familia hayan enfrentado solas un proceso tan largo y doloroso. Este caso debe servir como un llamado de atención para que las autoridades actúen con mayor diligencia y sensibilidad”, concluyó.

Mientras avanza el proceso judicial contra Andy Asselin, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos mantienen la presión para que este caso no quede en la impunidad y se garantice la reparación integral de la menor wayú y su familia.