La familia Ospina asegura que no busca desplazar a carperos y vendedores y que lleva cerca de dos años tramitando permisos. Los trabajadores temen perder su sustento, mientras los empresarios piden investigar las intimidaciones y los señalamientos en su contra.

El futuro de Playa Blanca, uno de los balnearios más reconocidos de Santa Marta, enfrenta a dos sectores que aseguran tener su vida y su trabajo ligados al turismo. De un lado están los carperos y vendedores que temen perder los espacios donde han conseguido el sustento de sus familias durante años. Del otro, la familia propietaria de Taximarino y el Acuario Rodadero, que defiende un proyecto turístico y niega que su propósito sea desplazar a los trabajadores tradicionales.

La controversia tomó un nuevo rumbo con un comunicado divulgado el viernes 13 de noviembre por la familia Ospina. En el pronunciamiento, los empresarios explicaron el origen de su iniciativa, reconocieron el carácter público de la playa y aseguraron que han buscado alternativas para incorporar a quienes actualmente desarrollan actividades económicas en el sector.

Su respuesta también estuvo acompañada de una denuncia: afirman que han recibido amenazas de muerte y exigencias económicas que se han negado a pagar.

La compra de predios y los permisos pendientes

Según la versión de la familia, el interés por desarrollar el proyecto surgió después de que propietarios pertenecientes a familias tradicionales de Santa Marta les ofrecieran adquirir algunos terrenos privados en Playa Blanca.

A partir de esos acercamientos, indicaron, comenzaron las gestiones ante la Alcaldía de Santa Marta y la Dirección General Marítima (Dimar) para conseguir las autorizaciones necesarias. Ese proceso, de acuerdo con su comunicado, lleva aproximadamente dos años.

La familia sostuvo que la adquisición de predios privados no le concede derechos sobre la playa ni sustituye los permisos que deben otorgar las autoridades. Asimismo, aseguró que reconoce a Playa Blanca como un bien de uso público.

Los empresarios también respondieron a las inquietudes sobre la operación actual del balneario: afirmaron que ninguna de las cerca de 200 carpas que funcionan allí pertenece a integrantes de su familia.

El temor de quienes viven de la playa

Para los trabajadores tradicionales, la preocupación se concentra en la continuidad de sus ingresos. Algunos han manifestado que llevan más de 20 años atendiendo visitantes y que una intervención en sus lugares de trabajo podría comprometer el sustento de sus hogares.

La familia Ospina aseguró que ha sostenido reuniones con carperos y vendedores para explicarles el proyecto y explorar alternativas de vinculación. Entre las opciones mencionó oportunidades laborales y compensaciones económicas.

Esos acercamientos, reconoció, todavía no se han traducido en acuerdos concretos.

Así, mientras los empresarios sostienen que su iniciativa no busca expulsar a los trabajadores, estos mantienen sus inquietudes sobre las condiciones en las que podrían continuar ejerciendo sus labores.

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El desacuerdo sigue abierto. La defensa del proyecto y los ofrecimientos descritos por la familia no han resuelto las preocupaciones expresadas por quienes dependen de la actividad turística en la playa.

Las amenazas denunciadas ante la Asamblea

En paralelo a la discusión sobre el proyecto, los Ospina reiteraron que han sido víctimas de presuntas extorsiones e intimidaciones durante los últimos años.

El pasado 29 de octubre, el empresario Juan Carlos Ospina expuso esta situación ante la Asamblea del Magdalena. En esa intervención denunció que su familia y las empresas Taximarino y Centro de Vida Marino habían sido declaradas objetivo militar por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Según su relato, las amenazas estarían relacionadas con exigencias de dinero que se negaron a atender.

En medio de la controversia también han circulado documentos atribuidos a esa organización armada en los que se formulan señalamientos contra el empresario y se le atribuyen presuntas acciones para desplazar a comerciantes de Playa Blanca.

La familia rechazó esas acusaciones y solicitó que cualquier señalamiento sea investigado con pruebas. La circulación de esos documentos, por sí sola, no permite dar por acreditado su contenido ni vincular a los trabajadores que han expresado sus preocupaciones con las intimidaciones denunciadas.

Un incendio que sigue bajo investigación

A este panorama se sumó el incendio del catamarán Tayrona II, ocurrido el 10 de noviembre en la Marina Internacional de Santa Marta. La embarcación quedó destruida por las llamas y no se reportaron personas lesionadas.

Las causas continúan bajo investigación. Hasta el momento, no se ha establecido una relación entre el incendio y las amenazas denunciadas por el empresario.

La familia pidió a las autoridades esclarecer tanto las intimidaciones como los señalamientos surgidos alrededor de su iniciativa turística.

Entretanto, el futuro del proyecto sigue atravesado por asuntos sin resolver: el estado de los permisos, las condiciones de participación de los trabajadores tradicionales y las garantías para que la discusión avance sin amenazas. En Playa Blanca, la expectativa de inversión convive con el temor de quienes llevan años encontrando en la arena su lugar de trabajo.