La captura del agente de inteligencia estatal destapó una grave falla de seguridad, tras descubrirse que almacenaba en un computador personal información clasificada y restringida exclusivamente al alto gobierno.

Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue detenido el pasado 6 de noviembre en inmediaciones de la carrera 6 con calle 16, en pleno centro de la ciudad de Neiva.

La captura se hizo efectiva mediante una acción conjunta entre la Novena Brigada y el Gaula Militar del Huila, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, luego de una labor de seguimiento constante que se prolongó por más de un mes.

El caso tomó trascendencia tras conocerse, mediante investigaciones publicadas por el medio El Expediente y los reportes de las autoridades, que Oyola Tovar presuntamente extrajo y guardó una “copia espejo” del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC) en su propio computador personal.

Este sistema alberga datos estratégicos y de extrema reserva para la seguridad nacional, motivo por el cual la legislación colombiana limita su consulta de manera estricta a un grupo selecto de solo ocho personas en todo el país, entre las que se encuentra el mandatario de los colombianos.

Frente a la tenencia indebida de este material por fuera de las plataformas oficiales, los organismos de justicia investigan la presunta responsabilidad del detenido en delitos como espionaje, concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos, falsedad material en documento público, fraude procesal, constreñimiento electoral y filtración de información de seguridad nacional.

Asimismo, las autoridades indagan si el capturado estaría relacionado con hechos anteriores en los que presuntamente se extrajo información de otras instituciones públicas, concretamente de la Fiscalía y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Con la detención de este funcionario se abrió una investigación formal para establecer si los datos almacenados en el equipo particular fueron compartidos o entregados a otras personas.

Entre tanto, el procesado quedó a disposición de las autoridades competentes para resolver su situación judicial en las audiencias correspondientes, dentro de un proceso en el que las acusaciones deberán ser demostradas y donde se mantiene la presunción de inocencia del implicado mientras no haya una decisión definitiva de la justicia.