La Cámara aprobó la ponencia positiva de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El proyecto contempla beneficios diferenciados para integrantes y mandos de organizaciones armadas ilegales, mientras sus críticos cuestionan las garantías para lograr el desmantelamiento de estas estructuras.

A las 9:00 de la noche del lunes festivo 2 de noviembre, la plenaria de la Cámara de Representantes respaldó la ponencia positiva del proyecto de sometimiento a la justicia promovido por el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Con 90 votos a favor y 44 en contra, la iniciativa superó una nueva decisión legislativa en medio de reclamos de la oposición por los beneficios que podrían recibir integrantes de organizaciones criminales.

En el centro de la discusión están las rebajas de penas: hasta el 50 % para miembros de organizaciones armadas ilegales que no hayan ocupado cargos de mando y hasta el 30 % para quienes hayan ejercido funciones de dirección. La propuesta también contempla, bajo condiciones específicas, la suspensión condicional de las penas y esquemas especiales de reclusión.

El resultado permite que el proyecto continúe su trámite. No significa que los beneficios estén vigentes ni que la ley haya sido aprobada de manera definitiva.

Primero se discutió el archivo

Antes de respaldar el informe favorable, la plenaria resolvió si la iniciativa debía archivarse. Esa propuesta fue rechazada con 102 votos por el No y 47 por el Sí, lo que dejó abierto el camino para continuar la discusión.

Después llegó la votación de la ponencia positiva, coordinada por representantes entre los que figura Daniel Briceño. Los 90 votos favorables permitieron que avanzara la propuesta que busca modificar y extender la Ley 418 de 1997 para establecer un régimen de sometimiento a la justicia.

Las dos decisiones marcaron el rumbo de una sesión nocturna cuestionada por congresistas de la oposición, tanto por el procedimiento como por el alcance de los beneficios judiciales planteados.

Descuentos y formas especiales de reclusión

El proyecto establece una diferencia entre quienes integraron las organizaciones sin ejercer mando y quienes ocuparon posiciones de dirección. Para los primeros, la reducción podría alcanzar la mitad de la condena; para los segundos, el límite contemplado sería del 30 %.

Además, propone mecanismos de suspensión condicional de las penas y modalidades de reclusión como colonias agrícolas y penales productivos. Su aplicación estaría sujeta a las condiciones que queden establecidas en el texto que complete el trámite legislativo.

Precisamente, la discusión sobre esas condiciones concentra parte de las críticas: qué deberán cumplir los beneficiarios y cómo se garantizará que el sometimiento implique un abandono efectivo de las actividades criminales.

Los reparos de la oposición

Los sectores críticos advirtieron que las estructuras delictivas podrían acceder a beneficios sin asumir compromisos suficientes para desmantelar sus organizaciones y las economías ilícitas que las sostienen.

Durante el debate, la representante Aída Quilcué rechazó la iniciativa por considerar que favorece a grandes redes criminales, narcotraficantes y lavadores de activos. También cuestionó a los congresistas que manifiestan defender a las víctimas y respaldaron la propuesta.

Su señalamiento incluyó al representante Yoyo Tovar, a quien reprochó el voto afirmativo. La intervención puso de presente una de las tensiones del debate: el alcance de los beneficios para los responsables y las garantías que recibirían las víctimas.

Con la aprobación de la ponencia positiva, el Gobierno consiguió un respaldo para que la iniciativa siga su curso en el Congreso. Todavía quedan decisiones legislativas por delante, en las que deberán discutirse las condiciones del sometimiento, los mecanismos de verificación y los límites de los beneficios propuestos.