Las imágenes de detenidos y los señalamientos públicos del mandatario desataron un nuevo pulso judicial. Ver-Control considera que estas actuaciones podrían vulnerar la presunción de inocencia, la dignidad humana y el debido proceso, por lo que solicitó medidas para frenar la difusión de este tipo de contenidos.

Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Nacional Control Social y Efectivo (Ver-Control), interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado contra el presidente Abelardo De La Espriella y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por la exhibición pública y las confrontaciones verbales con personas capturadas durante recientes operativos de la Fuerza Pública en Colombia.

Cuestionan al presidente por confrontar a los detenidos

Uno de los hechos señalados en la tutela está relacionado con la operación Blindaje 360, realizada en Barranquilla el pasado 26 de octubre, que dejó 56 capturas, según la información aportada sobre el procedimiento.

De acuerdo con el accionante, durante la presentación de los resultados, De La Espriella habría confrontado públicamente a uno de los detenidos y hecho señalamientos relacionados con delitos como homicidio, sicariato, hurto y extorsión, antes de que existiera una condena judicial en firme.

La veeduría también cuestionó la expresión “Así es que se doma a un bandido”, utilizada por el mandatario al referirse a un capturado identificado con el alias de Keko.

Alegan posibles violaciones a derechos fundamentales

Según los argumentos expuestos en la acción constitucional, la difusión de imágenes de los detenidos y las declaraciones del presidente podrían vulnerar la presunción de inocencia, el debido proceso, la dignidad humana, la honra y el buen nombre de las personas involucradas.

El recurso sostiene que una captura no equivale a una condena y que las autoridades deben respetar las garantías constitucionales de quienes son investigados, independientemente de los delitos que se les atribuyan.

Lea aquí: Otro golpe al bolsillo en el Caribe: kilovatio subiría a casi mil pesos desde noviembre en Atlántico, Magdalena y La Guajira

La tutela también menciona procedimientos realizados en Medellín y Bogotá durante octubre, en los que, según la veeduría, se habría repetido la exposición pública de personas capturadas y la confrontación verbal ante las cámaras.

¿Qué le piden al Consejo de Estado?

Además de solicitar la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados, Ver-Control pidió una medida cautelar urgente para que la Presidencia y el Dapre se abstengan provisionalmente de difundir contenidos de este tipo mientras se resuelve el recurso.

La intención es que se establezcan límites al tratamiento público de las personas capturadas y se garantice el respeto por la presunción de inocencia mientras avanzan los procesos judiciales.

El caso sigue pendiente de decisión

Por ahora, de acuerdo con la información suministrada, el Consejo de Estado se encuentra evaluando la admisión de la tutela, por lo que todavía no existe un fallo definitivo sobre las pretensiones de la veeduría.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la comunicación oficial durante los operativos judiciales y la obligación de las autoridades de respetar los derechos de las personas detenidas mientras la justicia determina su responsabilidad.