El Ejército confirmó la muerte de un militar y las heridas de otro durante un ataque atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. El defensor de derechos humanos Herver Dima sostiene que las tropas iban a realizar una captura y advierte sobre los riesgos que enfrentaron estudiantes, trabajadores y habitantes del corregimiento.

Los disparos sorprendieron a Guachaca a plena luz del día, mientras los estudiantes estaban en clases y los habitantes desarrollaban sus actividades cotidianas. El enfrentamiento dejó un soldado muerto, otro herido y una comunidad expuesta al fuego en este corregimiento de la zona rural de Santa Marta, donde, según el relato del defensor de derechos humanos Herver Dima, algunos mototaxistas tuvieron que lanzarse al suelo para protegerse.

El Comando de la Segunda Brigada del Ejército confirmó que el soldado profesional Brajhan Daniel Ropero Lozano murió y que su compañero Daniel Gracia Carrascal resultó herido. De acuerdo con el comunicado militar, tropas del Batallón de Montaña N.º 6 fueron atacadas con ráfagas de fusil y ametralladora por integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Sobre el propósito de la operación, Dima, analista del conflicto y líder de derechos humanos, aporta una versión que deberá ser contrastada con los detalles oficiales del procedimiento: la información que recibió indica que los uniformados iban a capturar a una persona cuando se produjo el intercambio de disparos.

Clases y trabajo en medio del fuego

El relato de Dima describe una emergencia que alcanzó a la población en medio de su jornada. Los colegios estaban en clases, había personas trabajando en sus casas y conductores de motocicletas quedaron expuestos en las calles. La preocupación inmediata era encontrar protección mientras continuaban los disparos.

“Mototaxistas se tuvieron que tirar al suelo. Realmente se presentó una situación bastante difícil en ese momento”, aseguró el defensor de derechos humanos.

Según su información, también fue necesario interrumpir el paso por la vía para impedir que otros vehículos y personas ingresaran al área de riesgo. Su relato no precisa quién dispuso ese cierre ni cuánto tiempo duró, pero da cuenta de la tensión que se extendió más allá del punto donde se produjo el enfrentamiento.

La presencia de estudiantes en las aulas es una de sus principales preocupaciones. Dima sostiene que los niños quedaron en medio de una situación de peligro, aunque la información aportada no establece que los planteles hayan recibido impactos.

La captura y la protección de los civiles

Para el analista, lo ocurrido obliga a revisar cómo se preparan las operaciones en lugares habitados. Su cuestionamiento se concentra en las previsiones adoptadas para reducir la exposición de la comunidad ante una posible reacción armada.

“Nadie está diciendo que no los capturen; es todo lo contrario, tienen que capturarlos, es la obligación del Estado, pero tienen que minimizar los riesgos hacia la población civil”, manifestó.

Dima señala que la obligación de perseguir a los integrantes de grupos ilegales debe ir acompañada de medidas de protección para quienes viven en esos territorios. También sostiene que las estructuras criminales utilizan a las comunidades como escudos humanos, una afirmación que plantea como parte de su análisis general y que requiere verificación específica frente a este episodio.

En su criterio, el comportamiento de la Fuerza Pública debe distinguirse precisamente por su responsabilidad de garantizar derechos. Por eso pide evaluar la planificación del procedimiento, las condiciones del lugar y los riesgos previsibles para los habitantes.

El temor también golpea al turismo

Las consecuencias, advierte Dima, pueden prolongarse después de que cesan los disparos. En el corredor de la Troncal del Caribe, numerosas familias dependen del alojamiento, el transporte, la alimentación y otros servicios vinculados al turismo.

Según el defensor, los combates, bloqueos y paros armados que se han presentado en la región han deteriorado esa actividad. Asegura que hay establecimientos afectados y trabajadores que han perdido sus empleos, aunque en la información suministrada no aporta cifras que permitan dimensionar esas pérdidas.

“La gente no va a querer ir a ninguno de esos sitios para no quedar en la mitad de esa situación”, expresó.

Su preocupación apunta a los habitantes que necesitan recibir visitantes para sostener sus ingresos y que, al mismo tiempo, deben enfrentar las presiones de los grupos armados. Cada nuevo episodio de violencia, sostiene, aumenta la incertidumbre sobre sus posibilidades de trabajar.

Una estructura que, según Dima, sigue ejerciendo presión

El defensor también pide evaluar los resultados de la política de seguridad en la Sierra Nevada. Reconoce que las operaciones han causado bajas e incautaciones de armamento, pero considera que esos golpes deben analizarse junto con la capacidad que conserva el grupo para reorganizarse y ejercer control.

De acuerdo con Dima, la Plataforma Defensora de Derechos Humanos ha recibido información sobre un aumento de las extorsiones en Santa Marta mediante llamadas, videollamadas y mensajes de WhatsApp. Se trata de una alerta de esa organización, sin estadísticas oficiales aportadas en este testimonio para establecer la magnitud del incremento.

Su planteamiento es que el balance de seguridad también debe medirse en la reducción de las amenazas y las exigencias económicas que soporta la población.

Una comunidad que pide salir de la violencia

Tras los enfrentamientos, el alcalde Carlos Pinedo Cuello anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado, con participación de la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, para hacer seguimiento a la situación y adoptar medidas de seguridad.

Mientras las autoridades avanzan en esa respuesta, Dima insiste en que los habitantes de la zona rural deben ser reconocidos como una población que ha padecido durante décadas el conflicto y ha buscado salir adelante en medio de sus consecuencias.

“Allá no todos son paracos, no todos son delincuentes”, afirmó. Su llamado es a que la recuperación de la seguridad permita proteger a esas familias: las mismas que, durante el operativo, tuvieron que suspender sus clases, su trabajo y sus recorridos para buscar refugio de las balas.